Gobierno democrático, honesto y funcional – Diagnóstico

Las acciones de transparencia y apertura gubernamental se encuentran presentes en el discurso oficial y en los planes de gobierno en México. Sin embargo, tanto a nivel federal como local los datos arrojan una realidad distinta que deja ver que todavía falta mucho camino por andar. En el marco internacional de la Alianza para el Gobierno Abierto, México se comprometió a implementar un Plan de Acción para 2015. A pesar de que nuestro país ha sido líder regional en estos esfuerzos que atraen los reflectores internacionales, está posicionado como el más corrupto entre los países que integran la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos). El Índice de Percepción de la Corrupción 2014 de Transparencia Internacional pone a México en el lugar 103 de 175 países evaluados, con un puntaje de 35/100. Esta posición se comparte con Bolivia y Níger y ubica a México por debajo de los competidores económicos más relevantes en América Latina: 82 posiciones por debajo de Chile y 34 lugares por debajo de Brasil.

Según el Banco Mundial, en 2013 México fue uno de los países con menores controles de corrupción con un puntaje de 39.23 en el Índice de Control de la Corrupción . Esto significó una caída de más de dos puntos con respecto a la medición del año anterior, donde Chile tuvo un puntaje de 90.43 y Brasil de 55.02 , ubicándose muy por encima del desempeño de México.

En cuanto a la situación local, aunque la Ciudad de México tiene la mejor legislación del país en materia de transparencia prevalece la percepción ciudadana de que es la entidad donde más actos de corrupción se realizan. Según el Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno (INCB) de Transparencia Mexicana, la Ciudad de México vive la “paradoja de ser la entidad del país mejor evaluada en materia de acceso a la información pública, pero la última en materia de corrupción en trámites y servicios”.

Como puede observarse en el Gráfico 2, en las cinco evaluaciones efectuadas, el Distrito Federal ha sido de manera consistente una de las dos peores entidades en materia de corrupción de trámites y servicios públicos (la otra es el Estado de México). En 2010 se ubicó en el último lugar con un puntaje casi del doble que el nacional. Eso significa que los hogares de esta ciudad tienen que pagar sobornos para recibir servicios que les corresponden por ley. Por ejemplo, 68 de cada 100 veces que un capitalino hizo un trámite para obtener una constancia de uso de suelo u otro trámite en el registro público de la propiedad tuvo que dar ‘mordida’.

Con las cifras anteriores, no es extraño entonces que la percepción de la frecuencia de la corrupción en el Distrito Federal haya aumentado significativamente en los últimos años. En el 2011, el 37% de los capitalinos percibía que los actos de corrupción son muy frecuentes en la ciudad y para 2013 este porcentaje se disparó alcanzando el 62% . Los sectores percibidos con corrupción muy frecuente por los capitalinos fueron: partidos políticos (60%), diputados y senadores (55%), el gobierno estatal (51%) y los gobiernos delegacionales (46%); todos éstos superados solamente por la policía (67%) y el ministerio público (70%). Estos números revelan que en general, el sector público tiene una crisis de corrupción que es urgente resolver.

Para mejorar la confianza y participación ciudadana, el gobierno de la Ciudad de México recientemente ha optado por tomar acciones de gobierno abierto . Aunque se cuenta con el Laboratorio para la Ciudad, con una página web de datos abiertos, una Agencia de Gestión Urbana (AGU) y se han llevado a cabo festivales de datos (hackatons), en el Distrito Federal no hay una política real en esta materia. El Portal de Datos Abiertos de la Ciudad de México contiene data sets vacíos para temas como gobierno. Además, en términos de un análisis más fino en cuanto a la forma en la que se hace disponible la información, no existe una política de estandarización y requerimientos de presentación de datos para descarga en temas tan relevantes como las finanzas públicas y el presupuesto de la ciudad.

En términos de transparencia en las finanzas públicas, la situación en la Ciudad de México es particularmente grave. De manera sistemática el GDF ha subestimado los ingresos en un 16% en promedio los últimos tres años, es decir, unos 20 mil millones de pesos por año. Esos recursos, que no se programan, se ejercen de manera discrecional y sin el escrutinio y aprobación del ámbito legislativo. Para 2015, el GDF estimó una recaudación de 167 mil millones de pesos cuando según la Cuenta Pública de 2013 los ingresos recaudados ascendieron a 167 mil 775 millones de pesos. Es decir, se proyectó recaudar en 2015 (Ley de Ingresos 2015) lo mismo que efectivamente se recaudó hace dos años (Cuenta Pública 2013).

Lo anterior resulta imposible por dos motivos principales: 1) se tiene que considerar un aumento por la actualización de tarifas derivadas de la inflación; y 2) se tienen que considerar todos los recursos adicionales que recibió la Ciudad de México en 2014 y de los que sólo la Secretaría de Finanzas sabe a ciencia cierta su monto, como el Fondo de Capitalidad, aumento del Metro, aumento del impuesto sobre nómina, programa de modernización catastral, impuesto predial , etcétera. La suma de estos cálculos más la subestimación sistemática de la Secretaría de Finanzas hace suponer que el GDF tendrá más de 20 mil millones de pesos para reasignar entre unidades de gasto sin supervisión, monitoreo, y transparencia justo para un año sumamente relevante en términos electorales.

Aunado a los temas de transparencia, combate a la corrupción y gobierno abierto, la profesionalización de los funcionarios y servidores públicos es un tema pendiente en la Ciudad de México. Para que los ciudadanos puedan confiar en las instituciones y funcionarios públicos, éstos no sólo necesitan ser transparentes, sino tener capacidad demostrada para llevar a cabo sus tareas diarias. Aunque en el Distrito Federal se cuenta con una renovada Ley del Servicio Público de Carrera, el camino para su funcionamiento y operación verdadera todavía parece ser muy largo y sinuoso. Desde el año 2000, prácticamente en cada legislatura se han propuesto modificaciones pero no se logra una implementación eficaz . La última propuesta legislativa se llevó a cabo en 2012 y estipula cinco años de plazo para su entrada en vigor. En un aspecto tan importante del gobierno como lo es la profesionalización de sus servidores públicos, no podemos esperar a 2017 para monitorear la implementación y tomar acciones en consecuencia.

Para que la agenda de transparencia, rendición de cuentas, combate a la corrupción, gobierno abierto y profesionalización —sumamente relevante en el Distrito Federal— pueda avanzar,se requiere primero que el gobierno de esta entidad se descentralice. Es necesaria una representación política que refleje la pluralidad social en el gobierno más inmediato, es decir gobiernos locales con personalidad jurídica y patrimonio propio en un régimen de descentralización financiera. Verdaderos cabildos que sean un contrapeso al actual jefe delegacional para autorizar el presupuesto y verificar su aplicación estricta. Por esto, la transformación de las delegaciones en Alcaldías también es un ambio institucional pendiente en el Distrito Federal.

Los actos de opacidad y de corrupción en la Ciudad de México generan un cuestionamiento natural en torno a la pertinencia de la estructura institucional que opera actualmente. La corrupción debe perseguirse y sancionarse; los datos tienen que ser públicos, sin limitaciones de acceso, completos, y verdaderamente útiles; además el gobierno y el poder legislativo necesitan acciones que permitan a los ciudadanos incidir en las decisiones públicas.

Gobierno democrático, honesto y funcional – Propuestas

Para Acción Nacional atender las necesidades y preocupaciones de los ciudadanos es una prioridad. En diversos estudios recientes , los capitalinos expresaron que una de sus preocupaciones más relevantes es la corrupción. Esto, sumado a los diagnósticos y recomendaciones de expertos nacionales e internacionales, constituye el núcleo de las propuestas que los legisladores del PAN buscarán impulsar. En este sentido, los cuatro grandes rubros en los que Acción Nacional trabajará en esta área son: 1) Reforma Política del Distrito Federal, 2) Asamblea Legislativa como auténtico contrapeso; 3) rendición de cuentas, 4) acciones reales de gobierno y parlamento abierto; y 5) gobierno profesional.

Propuestas – Reforma Política del Distrito Federal

Ésta es la propuesta más importante y el PAN ya logró posicionarla en el debate público actual. La defensa del municipio, de la comunidad municipal, es uno de nuestros principios de doctrina desde 1939, cuya enunciación hoy guarda tanta vigencia para la Ciudad de México como entonces era para el país: sólo con un gobierno municipal autónomo y responsable —con recursos propios— se puede evitar “el abandono de nuestra vida local en manos de caciques irresponsables, la falta completa o la prestación inadecuada y miserable de los servicios públicos más urgentes, y sobre todo, la degradación de la vida política…”.

El remedio a los males que aquejan al Distrito Federal en el ámbito delegacional tienen una respuesta: transformar a las delegacionales y acercarlas al modelo municipal originario.Es necesario y urgente darle voz a todas las expresiones políticas con presencia en las demarcaciones territoriales para que sean un factor verdadero de contrapeso a los gobiernos unipersonales que representan los jefes delegacionales actuales.

La Reforma Política del Distrito Federal debe consistir en diversas reformas constitucionales, principalmente a los artículos 116 y 122, que comprendan un diseño institucional con los siguientes elementos:

1.1.1 Transformación de las delegaciones en Alcaldías
Este nivel de gobierno está en contacto directo con la población. Debe ser capaz de reflejar su pluralidad política y atender oportuna y eficazmente sus exigencias. La delegación sigue siendo el punto central de atención a las principales demandas ciudadanas, es quien conoce las necesidades más sentidas de sus habitantes y paradójicamente, es la de menor capacidad de resolución por las condiciones acotadas de actuación.

Creación de Alcaldías con personalidad jurídica y patrimonio propio

Los órganos político administrativos no tienen la condición de gobierno local. Son, en estricto sentido —y así lo establecen las disposiciones señaladas— órganos desconcentrados. La única autoridad ejecutiva reconocida es el Jefe de Gobierno, en consecuencia los jefes delegacionales son legalmente subordinados de éste y además existe una alta dependencia del gobierno central para cumplir con las atribuciones establecidas.

Uno de los aspectos principales de la reforma planteada por Acción Nacional es transformar las delegaciones en Alcaldías, para así dotarlas de personalidad jurídica y patrimonio propio. Buscamos que la autoridad local sea un alcalde a quien se le atribuya capacidad jurídica para suscribir convenios con la federación, municipios, otras alcaldías, empresas, OSC y otras instituciones. Además, se impulsará la creación de una ley específica que regule a las alcaldías, independiente de las leyes y reglamentos que normen la administración pública centralizada (aprobación de esta Ley por la ALDF).Cada Alcaldía deberá tener la facultad de emitir el Reglamento Interior que la regirá.

Cuerpos colegiados de gobierno

En la actualidad, los jefes delegacionales no tienen un contrapeso en el ejercicio de su gestión, por lo que se debe considerar la existencia de un órgano colegiado —de manera similar al cabildo— que permita la representación proporcional de los distintos partidos políticos con un esquema de integración que garantice la gobernabilidad (50% + 1).

1.1.2 Descentralización financiera
Para su buen funcionamiento las Alcaldías deberán tener facultades recaudatorias y autosuficiencia presupuestal para brindar los servicios que actualmente ofrecen las Delegaciones. Lo anterior bajo un esquema de coordinación fiscal. Al tiempo que se establezca la creación de las alcaldías también se debe transformar la gestión y asignación de los recursos públicos.

Reconocimiento constitucional de las fuentes de ingreso mínimas abriendo la posibilidad de establecer otras en la Constitución de la Ciudad de México.

Obligación de la Legislatura de establecer criterios y fórmulas de distribución de los recursos en el nuevo entorno legal.

En términos de gestión urbana, será necesario establecer la asignación del al menos el 40% de los ingresos generados por la recaudación del impuesto predial para las Alcaldías como una prioridad.

Fórmulas de distribución que sean transparentes y que vayan más allá de criterios poblacionales y de marginación para considerar la demanda y uso de servicios de la población flotante.Autonomía de gestión presupuestal de las alcaldías.

1.1.3 Coordinación metropolitana
La Ciudad de México forma parte de una zona metropolitana compleja: la del Valle de México (ZMVM). Muchos de los problemas que actualmente enfrenta la ciudad se deben a que las autoridades del Distrito Federal no se encuentran coordinadas con las autoridades de las entidades colindantes que junto con ella forman la ZMVM (es decir, el propio Distrito Federal, el Estado de México e Hidalgo). Este tipo de coordinación es una realidad en otros países, por esto se propone elevar a rango constitucional la declaratoria de zonas metropolitanas y que conforme a la misma la Constitución Federal cree una Entidad de Gestión Metropolitana (EGM) que cuente con presupuestos multianuales en cuya conformación participe la ciudadanía.

 Declaratoria constitucional de creación de zonas metropolitanas

Las coordinaciones metropolitanas establecidas de acuerdo a la fracción VI del artículo 115 de la Constitución no han tenido la eficacia debida por carecer de fuerza legal y constitucional. No se han podido establecer organismos metropolitanos de servicios con autonomía de gestión para ofrecer servicios de calidad con visión de largo plazo.

Es necesaria la coordinación legislativa interestatal que permita plantear problemas metropolitanos y emprender políticas públicas conjuntas. La solución de estos problemas no puede depender de la voluntad política de los titulares del poder ejecutivo en cada entidad, se requiere de la interlocución entre los congresos estatales y la ALDF. Con la finalidad de superar estos obstáculos y garantizar la viabilidad financiera y el mandato vinculante de la coordinación metropolitana se propone establecer, con facultad del Congreso de la Unión, la declaratoria de zonas metropolitanas obligando a los congresos locales, la ALDF y los municipios o alcaldías involucradas a crear instituciones metropolitanas.

Creación de instituciones con personalidad jurídica, autonomía de gestión y presupuesto

Autoridades de carácter metropolitano con mandato vinculante como entidades de coordinación, gestión y regulación entre los distintos órdenes de gobierno. Con ello, se pretende la gobernabilidad en las zonas metropolitanas mediante instancias o mecanismos que permitan llevar a cabo una mejor gestión sectorial y territorial; impulsar la homologación normativa en aspectos administrativos, hacendarios y de inversión; y definir políticas a largo plazo que trasciendan los periodos de gobierno locales y que den sustento al diseño de presupuestos de municipios y entidades federativas.

Siendo así, por mandato de los gobiernos de los municipios, alcaldías y entidades federativas que conformen una zona metropolitana se constituirían instituciones o autoridades metropolitanas con personalidad jurídica transversales a los tres órdenes de gobierno, con presupuestos multianuales necesarios para el cumplimiento de sus fines, con participación ciudadana en la planeación y formulación de presupuesto, para generar diagnósticos, estudios y programas integrales de desarrollo metropolitano y estableciendo la inversión en obras de infraestructura metropolitana. Estas autoridades metropolitanas tendrán competencia para regular en: movilidad; seguridad pública y procuración de justicia; desarrollo urbano y vivienda; agua y medio ambiente; manejo de residuos sólidos; y desarrollo económico y competitividad.

En este marco se plantea la introducción de la figura del administrador urbano para permitir a los gobiernos separar las funciones políticas de las técnicas. Lo anterior sería crucial para facilitar la coordinación entre alcaldías y estados en proyectos de alcance metropolitano. Este administrador deberá encargarse de coordinar todas las áreas operativas del gobierno y enfocar su trabajo hacia la obtención de resultados propios de gestión, gobernanza y política pública.

1.1.4 Constitución de la Ciudad de México y Congreso Constituyente
El Congreso Constituyente de la Ciudad de México debe ser un cuerpo legislativo autónomo con mandato único para poder abocarse a la creación del diseño normativo e institucional que requiere la metrópoli. Proponemos que la integración de este cuerpo legislativo sea a través de 50 diputados electos por representación proporcional para garantizar la pluralidad política de los capitalinos. De igual forma, la aprobación de la Constitución deberá ser por mayoría calificada (dos terceras partes) de los diputados constituyentes. Cabe destacar que este Congreso deberá velar por garantizar el derecho a la vida desde la concepción.

Propuestas – Asamblea Legislativa como auténtico contrapeso

El avance en la democratización de la representación política que ha vivido la Ciudad de México en los últimos 25 años no se ha visto aún reflejado en la forma de composición, ni en el gobierno interior de la máxima expresión de esa representación política: la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. En Acción Nacional aspiramos a que este órgano legislativo tenga un gobierno plural que refleje la voluntad ciudadana y genere incentivos para la negociación, la cooperación y el acuerdo.

1.2.1 Democratización del gobierno interno de la ALDF

Creación de la Junta de Coordinación Política y Mesa Directiva con más facultades.

Adoptar un esquema similar al del Congreso de la Unión con una presidencia rotativa de forma anual entre aquellos partidos que por sí mismos obtengan un porcentaje de curules de por lo menos 16% del total (al menos 10 curules).

Grupos parlamentario.

Con el fin de evitar la construcción de mayorías legislativas artificiales, que no responden a la voluntad de los ciudadanos expresada en las urnas, se propone acotar la integración de los grupos parlamentarios. Ello dará mayor gobernabilidad y certeza tanto a las fuerzas políticas como a los electores. Como requisito mínimo para constituir un grupo parlamentario se deberá contar con cinco integrantes. Únicamente los diputados postulados por ese partido político podrán conformar el grupo parlamentario. En el caso de coaliciones y candidaturas comunes se debe especificar con antelación la militancia, filiación o postulación particular del candidato. Asimismo, debe desaparecer en definitiva la figura de “Coalición Parlamentaria”.

1.2.2 Ciudadanización de órganos autónomos
Es de suma importancia garantizar la verdadera independencia y fortalecimiento de los órganos autónomos en su autonomía jurídica, técnica y operativa. Mediante la postulación de candidaturas abiertas a la ciudadanía —con requisitos de especialización y experiencia— se abona a la profesionalización de estas instituciones, al tiempo que se consolida la transparencia y rendición de cuentas.

Candidaturas ciudadanas con aval de OSC e instituciones académicas

El papel de las organizaciones de la sociedad civil, así como de las universidades, centros de investigación e instituciones académicas en el proceso de selección de candidatos es vital para garantizar que los mejores perfiles sean propuestos para ocupar la dirección de los órganos autónomos. Para ello, se considera indispensable que la propuesta considere además de la experiencia probada en la materia, la participación ciudadana (posibilidad de postulantes ciudadanos en los casos donde la ley lo permita) contando con aval de OSC; que se conformen ternas por vacante (con propuestas del Ejecutivo, OSC y órganos a renovarse) y que se observe la equidad de género en todos los órganos.

 Designación por la Asamblea Legislativa

La participación de dos poderes (ejecutivo y legislativo) en el proceso de nombramiento de los titulares de los órganos autónomos contribuye a que se lleven a cabo de manera imparcial. Asimismo, uno de los objetivos centrales debe ser contribuir a la continuidad del trabajo institucional para dar certidumbre sobre las materias que cada uno resuelve. Con este propósito se plantea la designación escalonada en la renovación de los órganos autónomos mediante el voto calificado de las dos terceras partes de los miembros de la Asamblea Legislativa. De igual forma, se deberán prever sanciones —que vayan desde multas hasta la destitución de las presidencias de las comisiones de la ALDF— a quienes no nombren a los integrantes de las entidades públicas dentro del término correspondiente, operando en este caso la misma sanción para el Ejecutivo.

1.2.3 Eliminación del veto de bolsillo del Ejecutivo
El artículo 48 del Estatuto de Gobierno no establece un periodo máximo para que el Ejecutivo promulgue los proyectos de leyes o decretos que expida la Asamblea Legislativa en caso de no haber hecho observaciones y devuelto los proyectos en el plazo de diez días hábiles que marca la ley. Esto ha permitido el uso del ‘veto de bolsillo’ para detener diversos ordenamientos que han sido aprobados por ese cuerpo legislativo. Baste recordar las más de 50 reformas que el entonces Jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, frenó por más de dos años en algunas ocasiones.

En la VI Legislatura el PAN presentó una iniciativa para normar este vacío y establecer el plazo de diez días hábiles para que el Ejecutivo esté obligado a promulgar las leyes o decretos que no haya observado. Insistiremos en esta propuesta como un mecanismo que fortalece el trabajo de la Asamblea Legislativa y el sistema de división de poderes y contrapesos.

1.2. Reglas para la discusión del presupuesto
La falta de elementos para la discusión presupuestal es un problema crónico. La Unidad de Estudios de Finanzas Públicas de la Asamblea Legislativa debería estar en condiciones de emitir recomendaciones y entregar información del análisis de la Cuenta Pública anterior, así como del desempeño trimestral de las finanzas de la ciudad para dotar de herramientas a los legisladores en la aprobación del presupuesto. Con el establecimiento de reglas, plazos e insumos se podrá llevar a cabo un análisis de la asignación presupuestal que permita reasignar gasto con base en los resultados de los programas y el trabajo de las dependencias.

1.2.5 Candado que impida la asignación discrecional de recursos etiquetados o sin proyecto definido
En la elaboración de los últimos presupuestos de egresos del Distrito Federal (PEDF) se reservaron recursos para la asignación discrecional (etiquetados o ‘comandas’) de los asambleístas a proyectos específicos determinados posteriormente. Este esquema ha sido blanco de cuestionamientos y críticas de la opinión pública pues no existen lineamientos ni criterios sobre la forma en que cada legislador destinó los recursos de esta ‘bolsa’. A pesar del anuncio de la ALDF donde elimina este esquema acordado en la Comisión de Gobierno en el PEDF-2015, se creó otra bolsa presupuestal sin proyectos específicos que fue asignado después de aprobado el presupuesto, por lo cual la fórmula de distribución no fue del conocimiento público. Para asegurar que ello no vuelva a ocurrir proponemos:

Establecer la prohibición expresa de reservar recursos del Presupuesto de Egresos para proyectos no especificados o de asignación discrecional de los asambleístas. 

Con el propósito de contribuir a la racionalidad del gasto público, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional propondrá que las modificaciones al proyecto de presupuesto del Distrito Federal que realiza la ALDF se basen en criterios y reglas definidas, en las que las unidades de gasto presenten con la suficiente anticipación los proyectos ejecutivos, el análisis de impacto y las evaluaciones costo-beneficio de los programas para los cuales solicitan recursos adicionales.

 Los programas y proyectos a los que asignen recursos estarán sujetos a reglas de transparencia, rendición de cuentas de su ejercicio e informe de resultados ante la ALDF.

Siempre y cuando se cumplan los criterios anteriores, el grupo parlamentario dará prioridad a dos objetivos: fortalecer nuestros gobiernos delegacionales y respaldar los proyectos que respondan a la materia sustantiva de esta Plataforma.

1.2.6 Medidas de austeridad: racionalidad del gasto público
Una de las demandas más sentidas de la población es poner fin al dispendio gubernamental. Una de sus expresiones más claras es el gasto desmedido a través de las oficinas de comunicación social en todos los ámbitos y niveles de gobierno. Por ello, la propuesta del PAN es que la Asamblea Legislativa adopte medidas de austeridad para reducir gastos innecesarios con la finalidad de hacer un uso racional y eficiente de los 1590 millones de pesos asignados para 2015.

Propuestas – Rendición de cuentas

1.3.1 Sistema Anticorrupción
La Ciudad de México necesita órganos internos y externos de control y fiscalización con independencia. Por esto, una tarea legislativa primordial de Acción Nacional, tanto a nivel federal como local, es asegurar la creación de un Sistema Anticorrupción. Los puntos esenciales del Sistema Nacional Anticorrupción que buscaremos replicar en el ámbito local son:

• Consejo en el que participan todos los órganos públicos que intervienen en el sistema, así como una amplia representación ciudadana.
• Comité Ciudadano para la Ética Pública, integrado por ciudadanos de reconocido prestigio en materia de combate a la corrupción, responsable de la instalación de observatorios ciudadanos y encargado de formular denuncias y proponer políticas públicas para el combate a la corrupción.
• En materia de control interno, proponemos el fortalecimiento de la Contraloría General del DF en materia de auditoría e investigación, cuyo titular sea ratificado por la Asamblea Legislativa.
• En materia de control externo, proponemos que sean dos órganos, absolutamente independientes del Poder Ejecutivo, los responsables de auditar el uso de los recursos públicos e investigar, con las más amplias facultades, posibles actos de corrupción. Ambos órganos estarán facultados para recibir quejas y denuncias ciudadanas, con la garantía de que sus denuncias sí darán lugar a investigaciones serias, realizadas por órganos autónomos y que habrá consecuencias para los corruptos.
• Auditoría Superior de la Ciudad de México con amplias facultades en materia de auditoría, antes, durante y después del ejercicio del gasto y con amplias facultades de investigación ante quejas y denuncias ciudadana o actuando de oficio. El titular deberá ser nombrado por las dos terceras partes de la ALDF y su remoción únicamente podrá darse por dos causales: 1) faltas reiteradas, y 2) cumplir 70 años de edad. Además se buscará la profesionalización de la Auditoría Superior de la Ciudad de México.
• Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Propondremos transformar la actual ‘Fiscalía para la Investigación de los Delitos sometidos por Servidores Públicos’ en una Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción con autonomía técnica y de gestión que cuente con las más amplias facultades de investigación y con la obligación de actuar ante denuncias ciudadanas y responsable de ejercitar acción penal para llevar a quienes cometan actos de corrupción a la cárcel.
• Retirar la facultad de sanción a la Contraloría General del DF. Proponemos otorgar las facultades de sanción a los jueces en materia penal (ante acusaciones de la Fiscalía) y en materia administrativa al Tribunal de lo Contencioso Administrativo transformándolo en Tribunal de Cuentas.

1.3.2 Impedir reservas en la información de obra pública
Modificar la legislación de transparencia del Distrito Federal a fin de impedir que las autoridades (centrales o delegacionales) puedan declarar como reservada cualquier información relativa a obra pública y desarrollo urbano. De igual modo, establecer como requisito que en las demás materias se publiquen las declaraciones de reserva en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y que sean firmadas por el titular del ramo o demarcación política de que se trate para que se declaren válidas.

1.3.3 Regulación del conflicto de interés
Establecer legislación general para definir, regular y sancionar el conflicto de interés para el Gobierno del Distrito Federal y las jefaturas delegacionales.

1.3.4 Gasto público en tiempo real
Impulsar iniciativas que permitan el monitoreo de las modificaciones del gasto público en tiempo real. Particularmente, las adecuaciones y ampliaciones que se realizan al presupuesto aprobado durante el ejercicio del gasto (véase también 1.2.5).

1.3.5 Verificación de candidatos a puestos de elección pública
Acción Nacional impulsará el establecimiento de un blindaje electoral permanente que ponga como requisito a un puesto de elección popular la entrega de las tres declaraciones propuestas por Transparencia Mexicana ante las autoridades electorales so pena de negar el registro correspondiente. A saber: 1) declaración patrimonial; 2) declaración de impuestos y 3) declaración de potencial conflicto de intereses.

Adicionalmente, se buscará modificar la declaración patrimonial para que incluya la acreditación de títulos de propiedad y posesión, valuación certificada de obras de arte, así como la acreditación del patrimonio declarado como producto de la donación o herencia.

Con el fin de salvaguardar la seguridad y garantizar la transparencia, se buscará establecer un buró de información con un manejo riguroso de los datos contenidos, de acceso restringido y mediante responsivas legales. De tal suerte, la gestión y el acceso al buró de información será facultad de un órgano autónomo con capacidad para iniciar denuncias al encontrar inconsistencias o irregularidades.

Propuestas – Acciones reales de gobierno y parlamento abierto

Es de suma relevancia para el desarrollo de la ciudad y para la construcción de ciudadanía, que las propuestas públicas sean cada vez más inclusivas, innovadoras y abiertas a la crítica fundamentada. Esto se logrará sólo si las acciones de gobierno se abren de manera tangible al público.

1.4.1 Impulsar una política local de datos abiertos
Las acciones de Gobierno y Parlamento Abierto deben convertirse en auténticas prácticas transversales y generales. Para esto será necesario establecer criterios de estandarización y presentación de la información que las instituciones públicas presentan a la ciudadanía.
En junio de 2013, la ALDF firmó el acuerdo “Parlamento abierto: una nueva relación con la ciudadanía” con Transparencia Mexicana para brindar a los ciudadanos el acceso y disponibilidad a información útil, detallada y veraz con respecto a los asuntos del poder legislativo, así como la creación de mecanismos de relación y participación unilateral y activa entre ciudadanos y legisladores. Habremos de revivir este acuerdo y dotar de contenido real este lo que hoy es letra muerta.

1.4.2 Información financiera completa y de calidad
Establecer la obligación a la Secretaría de Finanzas de presentar la información del presupuesto por ramos, programas y unidad de gasto como lo hace la Secretaría de Hacienda en el ámbito federal. Esta información debe estar disponible en formatos accesibles para el conocimiento y uso de los ciudadanos.
Asimismo, poner a disposición del público de manera digital la información desglosada de los avances trimestrales de gasto programático donde se pueda conocer el detalle de los programas y montos. La información financiera incluirá los recursos provenientes del Presupuesto de Egresos de la Federación: Ramo 28 (participaciones federales) , Ramo 33 (Aportaciones Federales) , Ramo 23 (Provisiones Salariales y Económicas) , así como Asignaciones por Programas y Proyectos de Inversión .

1.4.3 Presupuesto de gastos fiscales
Establecer la obligación a la Secretaría de Finanzas de presentar a la Asamblea Legislativa el presupuesto de gastos fiscales de manera simultánea al Presupuesto de Egresos para que sea un insumo efectivo en la planeación y elaboración del presupuesto del año siguiente.
Mediante este presupuesto se dará a conocer el monto de la pérdida recaudatoria por beneficios fiscales México que el Gobierno del Distrito Federal otorga a través de exenciones, reducciones de tasas, subsidios, deducciones, facilidades administrativas, transferencias, etcétera. La información del presupuesto de gastos fiscales es vital para poder evaluar la efectividad de la política de gasto gubernamental.

Propuestas – Gobierno profesional

Para seguir avanzando en la creación de un gobierno profesional y eficaz es necesario revitalizar la legislación que se ha quedado estancada y obstaculizada por fuerzas políticas que se resisten a un cambio en el que sólo los más capaces tengan el privilegio de servir a la ciudad.

1.5.1 Valoración y análisis de la Ley del Servicio Público de Carrera
Revisar y analizar el alcance de la Ley del Servicio Público de Carrera para la Administración Pública del Distrito Federal. Para esto será necesario también proponer una campaña de monitoreo a la implementación de esta Ley y reavivar la discusión en esta materia en la ALDF.

Gobierno democrático, honesto y funcional – Justificación

Las propuestas de Acción Nacional en materia de la creación de un gobierno democrático, honesto y funcional responden a las necesidades latentes de la Ciudad de México. El empuje a acciones concretas de combate a la corrupción, rendición de cuentas, así como de gobierno y parlamento abierto pretenden ser piezas fundamentales en el proceso de liberar a la ciudad de la captura política para permitir que los ciudadanos sean realmente el centro de las decisiones públicas. Las ideas fundamentales son: 1) que haya instituciones públicas fuertes, dedicadas a velar por la honestidad de los asuntos públicos; 2) que esas instituciones gocen de autonomía de gestión y de decisión; y 3) que estén articuladas entre sí, de manera que formen un sistema de pesos y contrapesos.
Los legisladores de Acción Nacional buscarán crear medios de inteligencia institucional para corregir oportunamente las fallas de gobierno y detectar las áreas sensibles a la corrupción. También serán cautelosos para prevenir que se establezcan controles absurdos que detengan la eficacia de los gobiernos. Buscarán construir una ciudad donde los ciudadanos confíen en el gobierno y tengan voz, participación y poder de decisión para ser verdaderamente el centro de las decisiones públicas. La meta como bloque parlamentario será fortalecer la exigibilidad de la responsabilidad pública por medios jurisdiccionales eficaces.

Diagnóstico

Una de las tareas más relevantes en México es recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones encargadas de garantizar la seguridad e impartir justicia. Como se muestra en el Gráfico 1, 2 de cada 3 habitantes del Distrito Federal confía poco o nada en la policía estatal, lo anterior supera las cifras a nivel nacional donde poco más de la mitad de los mexicanos señala esa falta de confianza. Este comportamiento es similar para la policía de tránsito, la policía ministerial y la policía federal. En todos los casos, los capitalinos tienen de manera consistente una mayor desconfianza que el resto de los mexicanos. Lo mismo ocurre frente a las instituciones que imparten justicia, 3 de cada 4 capitalinos confía poco o nada en el Ministerio Público y la Procuraduría General de Justicia del DF, mientras que a nivel nacional esta cifra es del 57%.
Esta crisis de desconfianza institucional se replica en la percepción sobre la Procuraduría General de la República (PGR) y los jueces. Otras encuestas confirman esta percepción. Así, en el Informe País sobre la calidad de la ciudadanía en México 2014 la confianza en la policía y los jueces apenas rebasa el 20%. En el caso de la policía 22% en el DF vs. 24% en el país; mientras que los jueces alcanzan el 23% en el DF vs. 26% en el país . Calificados en una escala del 1 al 10, la situación no mejora: 4.9 la policía y 5.4 los jueces.

Probablemente una de las razones de la desconfianza sea la alta percepción de corrupción. Como se muestra en el Gráfico 2, los capitalinos perciben un problema de corrupción agravado en la ciudad: mientras el 87% de los capitalinos percibe a la policía del DF como corrupta, en el país la media es del 62%. De igual modo es vista la corrupción del Ministerio Público en el DF (84 vs. 64%).

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Para aumentar la gravedad de la situación, en la Ciudad de México —según cifras de 2010— la gente declaró haber pagado una mordida una de cada dos veces que realizó un trámite ante el Ministerio Público. A nivel nacional, fue menos de una de cada cuatro veces. Es decir, en el DF la corrupción en acciones relacionadas con procuración de justicia es del doble que en el resto del país.
La desconfianza y la corrupción no son los únicos problemas, también lo es la efectividad en el desempeño. En la Ciudad de México, el 68% de las personas no cree que la policía del DF tenga un desempeño efectivo; cifra que aumenta a un 76% en el caso del ministerio público. Como puede apreciarse en el Gráfico 3, al igual que en los casos anteriores, en el DF se agudiza la mala percepción y evaluación de las instituciones de seguridad y procuración de justicia.

Con los datos anteriores es comprensible que la preocupación principal de los habitantes de la Ciudad de México sea la inseguridad. El 78% de los habitantes del Distrito Federal lo perciben como inseguro, siendo la calle y el transporte público los espacios de mayor vulnerabilidad. Las conductas delictivas o antisociales más frecuentes son el consumo de drogas y alcohol en la calle, y robos o asaltos . Esto ha repercutido ya en la vida cotidiana de las familias, pues el 84% de los capitalinos reportó que ha dejado de permitir que sus hijos menores de edad salgan a la calle debido a la inseguridad . Es claro que en la ciudad de México la calle ha dejado de ser un espacio de convivencia disfrutable y seguro que permita construir una comunidad libre.
Las conductas delictivas o antisociales más frecuentes son el consumo de drogas y alcohol en la calle, y robos o asaltos . Esto ha repercutido ya en la vida cotidiana de las familias, pues el 84% de los capitalinos reportó que ha dejado de permitir que sus hijos menores de edad salgan a la calle debido a la inseguridad . Es claro que en la ciudad de México la calle ha dejado de ser un espacio de convivencia disfrutable y seguro que permita construir una comunidad libre.


La inseguridad no solo es un problema de percepción. En los últimos años las conductas delictivas en la ciudad se han agudizado. Según el INEGI, los delitos que más se cometen en la Ciudad de México son el robo o asalto en la calle o en el transporte público y la extorsión. De acuerdo a la Décima Tercer Encuesta Nacional sobre Percepción de Inseguridad Ciudadana en México, en los últimos tres años el Distrito Federal ha ocupado los primeros lugares nacionales en el delito de extorsión, y se encuentra en los primeros diez en cuanto a secuestro se refiere . Adicionalmente, el número de víctimas del delito en la Ciudad de México ha crecido. Ésta ocupa el tercer lugar a nivel nacional, junto con Jalisco, con una tasa de 33 mil. Esto quiere decir que la tasa de víctimas por cada 100 mil habitantes en el Distrito Federal creció el 4.4% de 2012 a 2013. Aunado a esto, la incidencia delictiva —es decir, el número de delitos cometidos— también se incrementó, al pasar de 49,198 en 2012 a 51,786 en 2013. Esto implica un crecimiento del 5.3% en un año.

Además de que los delitos y las víctimas de éstos han crecido, hay otro hecho preocupante: la ausencia de denuncias y las causas por las que los ciudadanos prefieren no acudir a la autoridad. En el Distrito Federal sólo un 10.1% de los delitos se denuncian y las causas de la no denuncia son mayoritariamente atribuidas a la autoridad. Del total de los delitos denunciados, se inició averiguación previa sólo en el 6.7% de los casos. No es extraño entonces que la cifra negra haya crecido del 92% en 2012 al 93.3% en 2013. El delito menos denunciado en la ciudad es el robo o asalto en calle o transporte público que en 2013 representó el 38% de los delitos no denunciados y en 2014 el 42%. Esto hace clara la necesidad de simplificar los procedimientos de denuncia, sobre todo en delitos menores.


Es relevante mencionar también los números relativos no sólo a los delitos cometidos, sino al estado de las estructuras institucionales que tienen como tarea garantizar la seguridad de los ciudadanos. A nivel nacional, el salario nacional promedio de los policías, incluyendo mandos, llega apenas a $11,000 pesos mensuales (y un número considerable gana mucho menos que esa cifra). En el Distrito Federal, el salario de un policía va desde $2175 pesos mensuales brutos hasta $9887 pesos, es decir, aproximadamente $118,644 anuales como máximo . En cambio, en los Estados Unidos el sueldo anual promedio de un policía es de 53,000 dólares . Las condiciones en que laboran los policías en el DF son reveladoras de los rezagos en equipamiento y capacitación. Así, por ejemplo, sabemos que “el 66% los policías entrevistados cuenta con un chaleco antibalas, y el 58% con equipo de radiocomunicación; uno de cada tres percibe un salario menor a seis mil pesos mensuales, tres de cada diez cuenta con un crédito de vivienda y cuatro de cada diez cuenta con fondo de retiro. Otros datos indican que siete de cada diez no ha sido reconocidos por su labor, ni mucho menos han recibido un incentivo económico”. Estas cifras nos muestran que la dignificación de la policía también es una tarea pendiente en la Ciudad de México.


Uno de los aspectos que más compromete a Acción Nacional con su trabajo de gobierno es saber que la esperanza de los capitalinos en recuperar la seguridad de su ciudad se está debilitando. El 30% cree que la situación de la Ciudad de México empeorará durante el próximo año. Por esto, en Acción Nacional queremos emprender el desafío de contar con autoridades que mantengan una relación cercana con la comunidad. También queremos impulsar la construcción de la calle como un espacio para la convivencia, la cohesión social y desarrollo económico, es decir, un bien en el que los ciudadanos se sientan seguros y puedan disfrutar.

En Acción Nacional también sabemos, como lo recomienda el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que los avances en materia de seguridad ciudadana no resultan de una sola política aislada, sino de un enfoque multisectorial y de una serie de políticas que incluyan medidas de prevención, reformas institucionales, inversión pública suficiente, cambios en la relación entre el Estado y las comunidades, voluntad política amplia y sostenida y la adopción de sistemas de información y de intervención más modernos y eficaces . Por esto, en esta Plataforma se presentan propuestas para poder recuperar la esperanza y confianza de los ciudadanos a través de leyes y políticas públicas eficaces y participativas en materia de seguridad. Éstas incluyen la prevención del delitopor medio del diseño de espacios públicos50, la prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana, la profesionalización, dignificación y depuración de las distintas corporaciones policiacas (seguridad pública y ministerial), entre otras.

Desarrollo urbano
Desde hace más de tres lustros, la Ciudad de México ha vivido un creciente proceso de descomposición en materia de desarrollo urbano. Los principales responsables de ello han sido las distintas administraciones del Gobierno del Distrito Federal que han permitido, tolerado e incluso auspiciado un crecimiento caótico del Distrito Federal: sin respeto a la propiedad privada, a los espacios verdes, a la vocación del suelo y a la calidad de vida de los capitalinos. En cuanto a la tolerancia de las autoridades a las invasiones, tenemos que de las 89,000 hectáreas de suelo de conservación con que cuenta la ciudad, cada año se pierden aproximadamente 200 hectáreas por esta causa, según estimaciones del Instituto de Geografía de la UNAM.

El 7 de diciembre de 2000 —sin consultarlo con los habitantes de la Ciudad ni con el órgano legislativo local—, el jefe de gobierno López Obrador emitió el llamado Bando Dos, por medio del cual, se incentivaría el crecimiento vertical y la ‘gentrificación’ en las cuatro delegaciones centrales (Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y Venustiano Carranza) para que el Distrito Federal ya no continuara creciendo en su periferia. El Bando Dos ocasionó un impacto desfavorable en la calidad de vida de los vecinos que comenzaron a sufrir las consecuencias con la especulación indiscriminada de los valores del suelo y los problemas previsibles en la provisión de servicios públicos: transporte, abastecimiento de agua y drenaje, recolección de basura, alumbrado, etc.

Ante las protestas vecinales, el jefe de gobierno Ebrard revocó el Bando Dos en 2007 y lo sustituyó con el impulso de una ley (Norma 26) con el mismo contenido esencial ahora aplicable a toda la ciudad. Esta ley favoreció los intereses de los desarrolladores privados por encima de los derechos de los capitalinos. A partir de la Norma 26, se dio un boom inmobiliario que, en muchos casos, ha destruido la vocación e historia de las colonias.

El fracaso de las políticas de desarrollo urbano de este periodo queda evidenciado en los datos de densidad poblacional por delegación que se muestran en el Gráfico 5. Como se puede observar, el número de hogares ha aumentado en una proporción mucho mayor que la población de la ciudad y en las cuatro delegaciones céntricas —que eran el objeto de estas políticas de repoblamiento para el mejor aprovechamiento de la infraestructura urbana— no ha tenido impacto puesto que Benito Juárez, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza siguen concentrando al 19% de los capitalinos y el 22% de los hogares como en el año 2000.

Más aún, a lo largo de una década, las delegaciones que más aumentaron tanto su población como el número de viviendas fueron las de la periferia al sur de la ciudad: Milpa Alta (35% pob., 48% hogares); Cuajimalpa (23% pob., 40% hogares); Tláhuac (19% pob., 30% hogares); Xochimilco (12% pob., 23% hogares) y Tlalpan (12% pob., 22% hogares). En ese lapso, el Distrito Federal aumentó su población en un escaso 3% mientras el número de hogares creció el 14%.

Propuestas

Para construir una ciudad ordenada y segura, Acción Nacional propone:

• 1) desarrollo urbano prioritario
• 2) seguridad pública honesta y eficaz
• 3) procuración de justicia y fomento a la paz.

Las propuestas específicas para cada rubro se presentan a continuación.

Desarrollo urbano prioritario

La ciudad es la casa común de los ciudadanos que la habitan, de quienes comparten sus espacios públicos. Por esto, una de las prioridades legislativas para Acción Nacional es que se incentive el diálogo abierto entre el usuario cotidiano del espacio público y quien lo planea; e impulsar acciones que permitan la disminución de la tasa de víctimas del delito por medio de la mejora de los espacios que en la Ciudad de México son considerados como los más inseguros.

2.1.1 Incentivar el diseño de espacios públicos para la seguridad
La prevención del delito a través del diseño ambiental, conocida como Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED), parte del supuesto que el ambiente físico y social urbano genera oportunidades para que se cometan delitos. El uso de este enfoque pretende disminuir las oportunidades para la comisión de delitos y la violencia, y reducir la percepción de inseguridad de la población en determinados espacios urbanos, a través de estrategias orientadas a modificar ciertos factores y condiciones de riesgo físico espaciales, generando además la creación o regeneración de espacios públicos de calidad, seguros e integradores. Este enfoque es relevante sobre todo en las colonias o barrios que tienen alta densidad delictiva.
La CPTED tiene tres recomendaciones primarias para reducir las oportunidades de comisión de delitos mediante la creación de un espacio defendible. Éstas son: a) control de acceso, con la finalidad de delimitar zonas a través de la creación de barreras perceptuales y reales a la entrada y al movimiento (utilizando puertas, arbustos y señales, por ejemplo); b) vigilancia natural: diseños que ofrezcan oportunidades para poder ver y ser visto, así como facilitar la labor de observadores habituales que reporten comportamientos inusuales; y c) definición de la propiedad y mantenimiento de los territorios, para que el ambiente ofrezca indicaciones sobre quién pertenece a un lugar y poder identificar comportamientos y actores inusuales.

Una de las ciudades de América Latina que ha sido exitosa con este enfoque de seguridad es Medellín con los llamados Proyectos Urbanos Integrales (PUI). Los PUI consisten en la transformación física y social de las zonas más conflictivas y con más necesidad de la ciudad, al mejorar los espacios públicos, la movilidad, el fortalecimiento de la participación comunitaria y la convivencia. Por medio de estos proyectos se conectaron zonas marginadas y conflictivas, como el barrio Santo Domingo Savio, con el metro de Medellín mediante el uso del teleférico llamado Metrocable. Estudios sobre seguridad asocian al Metrocable como detonante de la reducción del 79% de homicidios en un año.

En términos de lo que plantea la CPTED, las áreas específicas que Acción Nacional buscará impulsar para la Ciudad de México son:

• • Crear, recuperar y dar mantenimiento a espacios públicos, que abarcan desde las calles y el alumbrado hasta los parques, banquetas y centros comunitarios
• • Utilizar la geolocalización del delito para concentrar los esfuerzos de prevención en zonas de alta densidad delictiva (hot spots)
• • Modificar los reglamentos de construcción y diseño de espacios públicos en atención a principios de CPTED

Uno de los retos más importantes para implementar la CPTED es que los espacios ya recuperados tengan un mantenimiento constante para evitar que regresen a su estado original.

2.1.2 Plan de desarrollo urbano metropolitano
La intención del actual Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, por modificar de raíz el andamiaje jurídico en materia de desarrollo urbano en la Ciudad de México y crear un nuevo Programa General de Desarrollo Urbano para el Distrito Federal —que sustituya al actual que data de 2003— es el proyecto urbanístico más ambicioso de los gobiernos perredistas en 17 años. El Gobierno del Distrito Federal está promoviendo masivamente en toda la ciudad el cambio de usos de suelo y de los Planes Parciales y Planes Maestros de Desarrollo. A eso se suma ahora la invención de las llamadas Zonas de Desarrollo Económico y Social (ZODES) con las que se pretende establecer —también sin consulta vecinal— polos de desarrollo con la intervención de la iniciativa privada para transformar la realidad de distintas zonas, sin prever el impacto futuro de tal transformación, ni la destrucción de tejidos sociales, urbanísticos e integrativos.
Acción Nacional está a favor de que la Ciudad de México se modernice y que su infraestructura y espacios públicos estén a la altura de los mejores del mundo. Sin embargo, ésta debe hacerse precisamente pensando en lo que más le conviene a la ciudad y a sus habitantes, y no a los gobernantes, y mucho menos a los desarrolladores y demás grupos de interés.

Cualquier nuevo Plan de Desarrollo Urbano debe ser metropolitano, por lo que éste debería formar parte de los proyectos de la Entidad de Gestión Metropolitana que cuente con el estudio y opinión de expertos, análisis de factibilidad y participación de la ciudadanía.

2.1.3 Consulta obligatoria a vecinos para cambio de uso de suelo y regreso de facultades al ámbito delegacional
Cualquier modificación a la legislación en materia de Desarrollo Urbano (sean los Programas, Planes, Normas, usos de suelo y hasta la creación de las llamadas ZODES) deben estar precedidas de consultas ciudadanas para que sean los propios vecinos quienes expresen si están o no de acuerdo con los cambios propuestos.
Acción Nacional no cejará en su esfuerzo legislativo —como es patente a través de sus numerosas iniciativas en la VI Legislatura— por poner límites a las decisiones arbitrarias que en esta materia ha tomado el Gobierno del Distrito Federal y por ello insistirá en establecer:

• • Comité delegacional de participación ciudadana y desarrollo urbano sostenible.
• • Obligación de los miembros del comité de desarrollo urbano y concretamente del jefe delegacional de emitir opinión por escrito cuando estén a favor o en contra de un cambio de uso de suelo.
• • Incrementar las sanciones para aquellos desarrolladores que incurran en faltas.
• • Establecer tiempos para dictaminar las iniciativas de Desarrollo Urbano.

2.1.4 Regreso de facultades de inspección al ámbito delegacional
Fortalecer las atribuciones de las delegaciones devolviéndoles la facultad de inspección y verificación. Como fue discutido en la VI Legislatura, se buscará quitar las facultades en materia de Desarrollo Urbano y Uso de Suelo al Instituto de Verificación Administrativa y dar estas facultades a los jefes delegacionales derivado de la ineficiencia del Instituto.

2.1.5 Reducción de ISAI (escrituración)
La demanda de vivienda está directamente relacionada con el ingreso permanente, el precio y la edad. De acuerdo al análisis de Demanda de Vivienda 2013 de la Secretaría de Hacienda y la Sociedad Hipotecaria Federal, los datos de 2005 a 2012 en México revelan que a mayor ingreso la demanda de vivienda es más inelástica, es decir, que para hogares con ingresos altos la demanda no se ve afectada por el precio de la misma. A contrario sensu, en cuanto menor es el ingreso mayor es la elasticidad, esto es, por cada decremento en el precio, mayor demanda de vivienda. De tal suerte, una reducción en el precio permitiría a la población de ingresos medios acceder a una vivienda que actualmente no podría adquirir. Por ello, Acción Nacional buscará:

• • Establecer el Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles como el pago de un derecho con cuota fija —al menos para la vivienda media— y no como un porcentaje del valor de la propiedad lo cual encarece el precio y la capacidad de compra afectando de manera directa la economía familiar .

Seguridad pública honesta y eficaz

La seguridad urbana tiende a identificarse irremediablemente con la policía. Por esto, una de las prioridades legislativas para Acción Nacional es la profesionalización y reconocimiento de los cuerpos policiacos de la Ciudad de México.

2.2.1 Dignificación y desarrollo policial
En Acción Nacional comprendemos que para construir una ciudad segura y en paz necesitamos mejores instituciones policiales. Este trabajo inició en la legislatura actual con el objetivo de ofrecer mejores condiciones laborales a los elementos policiacos. Sin embargo, todavía existen tareas pendientes. En este sentido, los cambios normativos necesitan girar no sólo en torno a incentivos económicos para los policías, sino también en torno a las oportunidades de capacitación y desarrollo profesional como se ofrecerían en cualquier otra carrera.


Para contar con una policía digna y profesionalizada en la Ciudad de México, Acción Nacional busca impulsar:

• • La dignificación policial entendida y relacionada con el reconocimiento de la sociedad a estos funcionarios públicos en el escalafón de valores de la vida diaria.
• • Ajustes salariales para cuerpos policiacos.
• • Reconocimientos en torno al desempeño policial.
• • Ofertas de educación básica y de especialización en niveles superiores de estudios.
• • Sistema Profesionalizado de Carrera para la policía.

2.2.2 Policía cercana a los ciudadanos
Es necesario que la policía mantenga cercanía con su comunidad, sobre todo en zonas de alta densidad delictiva. La relación entre la policía y los ciudadanos puede reducir la desconfianza de estos últimos y mejorar el trabajo por la seguridad. Si se evita la relación entre ciudadanos y policías se crean prejuicios y estigmas que impiden establecer una relación de confianza que ayude a disminuir los índices delictivos en nuestras calles. Recientemente los capitalinos expresaron que a mayor contacto con la policía, mayor era la percepción de la seguridad de su calle.


Un caso de éxito de la policía cercana a los ciudadanos a nivel internacional es Río de Janeiro. En 2008, las autoridades estatales crearon una nueva figura policial para enfrentar la inseguridad en estas zonas: las Unidades de Policía Pacificadora (UPP). Las UPP son un instrumento de recuperación territorial: entran a las favelas de la mano de la Policía Militar para eliminar el control de los grupos criminales y no se retiran. Las UPP mantienen presencia física permanente en los espacios recuperados y facilitan el despliegue de iniciativas de prevención social del delito. El resultado más destacado del programa es la disminución del número de homicidios. Hoy existen favelas cuya tasa de homicidio se ha reducido a cero y han iniciado un proceso de recuperación de la vida comunitaria.

Para contar con una policía cercana a la ciudadanía, Acción Nacional buscará impulsar las medidas siguientes para la Ciudad de México:

• • Campañas de denuncia ciudadana.
• • Introducciones de unidades policiacas para el apoyo vecinal.
• • Reuniones vecinales con el jefe de cuadrante.
• • Visitas domiciliarias.
• • Difusión de los nombres y datos de contacto de los responsables de cuadrante.

2.2.3 Prevención social del delito y la violencia con participación ciudadana
La prevención del delito es un componente central en toda estrategia de control del crimen y la violencia. La participación de la comunidad como capital activo es esencial para cualquier estrategia de prevención del delito. Las políticas de prevención atienden factores de riesgo presentes en el individuo, en la familia, en los espacios públicos, en la comunidad, para evitar que se traduzcan en actos criminales. Éstas implican actuar antes de que se infrinja la ley y se lastime a una persona o grupo de ellas. Donde existe una organización criminal moderada —como las pandillas juveniles— se vuelve necesario fortalecer los vínculos entre la sociedad y las autoridades locales para prevenir y controlar el delito, llevar a cabo una eficiente coordinación en materia de inteligencia policial con la Federación y las entidades circunvecinas a fin de disminuir los delitos de delincuencia organizada que comparten, e incluir en actividades de prevención de la delincuencia a la sociedad civil, a fin de que disminuya el flujo de jóvenes hacia actividades delictivas. Para prevenir el delito con una visión de inclusión ciudadana, Acción Nacional buscará:

• • Establecer requisitos por delegaciones para la presentación de proyectos de prevención social del delito que respondan a diagnósticos de riesgo de la demarcación. Éstos pueden ser proyectos para la prevención de la deserción escolar, proyectos culturales y deportivos, etcétera.

Procuración de justicia y fomento a la paz

El fomento a una cultura de la legalidad es esencial. La policía es solo uno de los instrumentos para combatir el delito, otro instrumento sumamente relevante es la participación ciudadana. Es por esto que Acción Nacional busca que los ciudadanos sean actores relevantes en torno a la prevención del delito y la violencia.

2.3.1 Mejoramiento de la atención en las Agencias del Ministerio Público
Como hemos apuntado en el diagnóstico, la falta de confianza ciudadana en las instituciones de procuración de justicia es uno de los grandes desafíos por enfrentar para vivir en un auténtico Estado de derecho. La poca credibilidad en la eficacia de la acción institucional y la corrupción amplían la distancia entre el Estado y el ciudadano, ello explica, por ejemplo, el incremento en los niveles de cifra negra (no denuncia). Las agencias del ministerio público son el punto de contacto entre las personas y el sistema de procuración de justicia. Este primer eslabón requiere un mejoramiento en la calidad de la atención de los funcionarios (agentes) hacia la ciudadanía, así como herramientas de capacitación al interior que permitan un cambio en el comportamiento organizacional.


En ese sentido, coincidimos con las propuestas de OSC especializadas en seguridad para contribuir a mejorar la gestión de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal e incrementar la participación ciudadana respecto de la denuncia de delitos:

• • Mejorar la calidad en la atención. Capacitar al personal ministerial en Cultura de la Legalidad para Servidores Públicos a fi¬n de modificar sus actitudes hacia el público en general y apegarse a la normatividad propia a su labor. Instrumentación del programa en agencias de procesos en reclusorios, Fiscalía para la investigación de delitos cometidos por Servidores Públicos y Fiscalía Anti-secuestros.
• • Mejoramiento de la infraestructura y equipamiento de las agencias del ministerio público, desde módulos de orientación y formatos de quejas hasta facilidad para el acceso y seguridad alrededor de la agencia (condiciones internas y externas).
• • Capacitación de las personas a cargo del módulo de atención ciudadana en: derecho penal, derecho procesal penal, ley de responsabilidades de servidores públicos, reglamento interno de la PGJDF y derechos humanos (Monitoreo en forma permanente al personal ministerial en los módulos de atención para inhibir actos de corrupción a través de cámara).
• • Inhabilitación a los servidores públicoss que incurran en faltas administrativas o sanciones judiciales.
• • Trabajo con la ciudadanía de zonas con altos índices delictivos para que monitoree la Agencia del Ministerio Público más cercana a su domicilio, para mantener los avances y propiciar la mejora continua.

2.3.2 Impulso de medidas cautelares distintas a la prisión para delitos menores y no violentos
El abuso de la prisión preventiva en México ha impactado negativamente en el sistema de justicia penal y, en específico, el sistema penitenciario. En este contexto resulta necesario el incremento de medidas cautelares distintas a la prisión que respeten el derecho a la presunción de inocencia y posibiliten a toda persona a enfrentar su proceso en libertad.


Las condenas privativas de libertad de corta duración tienen efectos criminógenos importantes. El paso por la cárcel genera un estigma social, lo cual dificulta que el interno, tras ser liberado, sea contratado y que tenga una vida social plena. Esta situación, aunada con el hecho de estar expuestos a incidentes de violencia y redes de corrupción durante el periodo de encarcelamiento —por más corto que sea— aumenta la probabilidad de terminar inserto en actividades ilegales o delictivas.

Para lo anterior es necesario impulsar legislación que promueva buenas prácticas como la instalación de unidades de medidas cautelares o servicios previos al juicio. También para promover el monitoreo del desempeño de las unidades de medidas cautelares para detectar las mejores prácticas en materia de evaluación del riesgo procesal y supervisión de personas imputadas. Adicionalmente, incorporar la visión de derechos humanos en la creación de las unidades de medidas cautelares, como autoridades obligadas a su respeto y protección.


Otras entidades han incluido unidades de medidas cautelares en sus respectivos sistemas, modelos pioneros y hasta el día de hoy exitosos, de lo que actualmente es conocido como los Servicios Previos al Juicio. Las unidades de medidas cautelares son servicios de carácter administrativo que evalúan el riesgo procesal de las personas para auxiliar a las partes en la generación de información veraz y objetiva sobre las condiciones particulares de las personas con el objetivo de que el juez esté en posibilidad de dictar una medida idónea de acuerdo al caso concreto; y por el otro lado, supervisan el cumplimiento de condiciones judiciales impuestas a quienes enfrentarán su juicio en libertad. Los gobiernos pioneros en Servicios Previos al Juicio en México han creado alianzas con diversas OSC especialistas en reintegración social para que éstas sean las encargadas de la gestión de los requisitos alternativos para enfrentar el juicio en libertad. Las medidas que Acción nacional buscará impulsar en la Ciudad de México son:

• • Estudios y programas piloto sobre la instalación de unidades de medidas cautelares.
• • Discusión legislativa en torno a sanciones alternativas a la prisión.

2.3.3 Impulso a la creación de espacios de reclusión que permitan la separación de reos y que mejoren el estado de sobrepoblación de los penales 
Las cárceles del Distrito Federal han sido históricamente una fuente de violaciones a los derechos humanos de los internos. Entre las más recurrentes se encuentran: hacinamiento (sobrepoblación de 184.7%), suministro insuficiente de agua, negligencia médica, problemas de salud pública, desabasto de alimentos, tortura, corrupción por parte del personal penitenciario, negativa y suspensiones de visita familiar e íntima, discrecionalidad en los beneficios de libertad anticipada, así como problemas en las zonas de aislamiento. En respuesta a ello, el grupo parlamentario del PAN en la ALDF impulsó la Ley de Centros de Reclusión para el Distrito Federal aprobada en abril de 2014. Dando continuidad a esta agenda proponemos:

• • Transformación de los centros penitenciarios para que tengan una visión verdadera de reinserción social y que permitan la separación eficiente de reos de acuerdo a los delitos cometidos para así prevenir la reincidencia delictiva.

2.3.4 Funcionamiento efectivo de los bloqueadores de señal de redes y telefonía celular desde el interior de los reclusorios y sanciones claras a su incumplimiento
Las cifras alarmantes de extorsiones a personas y a negocios en la Ciudad de México tienen como origen más recurrente las llamadas telefónicas efectuadas desde teléfonos celulares que se encuentran en los reclusorios de la ciudad. Las políticas para inhibir estas llamadas instrumentadas por las autoridades del Gobierno del Distrito Federal desde 2005 han sido un fracaso.


A lo anterior se suma la enorme dificultad para localizar el origen y responsabilidad precisa de las llamadas, así como otro tipo de factores de carácter federal (como son las telecomunicaciones, el registro de teléfonos celulares —el cual fue suspendido—, la facilidad para revertir el bloqueo de celulares robados por medio de la clave IMEI, y la posibilidad de cargar de manera anónima “crédito” a los teléfonos) y otros de carácter privado, como es la posibilidad de los extorsionadores y secuestradores de allegarse de recursos burlando a los sistemas bancarios al obligar a los extorsionados a efectuarlos a través de casas comerciales especializadas en crédito al consumo.

Por lo que hace a la responsabilidad directa de las autoridades del Distrito Federal, los inhibidores o bloqueadores de teléfonos celulares han resultado un fracaso debido a diversas causas como la falta de colocación o mala ubicación; la discrecionalidad de los directivos de los reclusorios para activar y desactivar los bloqueadores, ya sea por soborno o amenaza; o la instalación de equipos defectuosos. En el PAN somos conscientes de que la sociedad es el mejor aliado de las autoridades para terminar con este flagelo, por ello proponemos las siguientes acciones:

• • Impulsar la creación permanente de un órgano transparente formado por ciudadanos de probada capacidad, honradez y ética para supervisar de manera permanente la restricción de acceso de teléfonos celulares y el debido y continuo funcionamiento de bloqueo de señales celular y de Wi-Fi adentro de los reclusorios y penales ubicados en la Ciudad de México, así como el monitoreo con cámaras. Además, este órgano dará seguimiento a la debida actuación del Ministerio Público local respecto de las denuncias que se efectúen por la comisión de delitos a través de teléfonos celulares y otros dispositivos móviles.
• • Permitir la supervisión permanente de especialistas nacionales e internacionales del debido funcionamiento del bloqueo de tales señales, así como de la modernización de la tecnología requerida.
• • Establecer sanciones a los responsables que no cumplan u obstaculicen el cumplimiento de estas disposiciones (combate a la corrupción: soborno, extorsión y cohecho).

2.3.5 Simplificación del procedimiento de denuncia para delitos menores
Los principales obstáculos por los que las denuncias no llegan a una resolución favorable son: la falta de ratificación de la misma, la inacción del MP para llevar a cabo el ejercicio de la acción penal, el expediente es reservado por el MP, el expediente está en curso, no existe interés del denunciante y la ratificación no tiene seguimiento. El trámite de seguimiento sigue siendo tortuoso para los denunciantes dado que no se les informa qué hacer después. Aunado a ello, la ratificación puede tardar hasta más de un mes, esto sin contar que no existe formalidad en las citas o plazos. Por esto, es necesario facilitar la presentación y seguimiento de denuncias o querellas, y modernizar los sistemas auxiliares de la investigación criminal.


En términos de las áreas específicas que Acción Nacional buscará impulsar para la Ciudad de México son:

• • Eliminación de la ratificación de denuncia de los delitos no graves, especialmente robos
• • Módulos de atención ciudadana con horarios extendidos
• • Fortalecimiento del Ministerio Público Virtual

Justificación

Es innegable que la inseguridad es lo que más preocupa a los habitantes de la Ciudad de México. Por esto, Acción Nacional decidió apostar por un enfoque ciudadano de seguridad donde el acercamiento y la participación activa sean pilares fundamentales. Las acciones que se pretenden impulsar en materia de seguridad y orden buscan construir una Ciudad de México donde los ciudadanos vivan sin violencia y puedan confiar en las autoridades, donde la calle sea un bien que propicie la convivencia, el desarrollo económico y social de las familias e incentive la construcción de comunidades libres y cohesionadas.


Las propuestas de esta sección se construyeron de manera inclusiva y técnicamente sólida. Acción Nacional planeó reuniones con organizaciones de la sociedad civil expertas en seguridad y justicia. También se trató de reunir evidencia sobre la percepción ciudadana en materia de seguridad para así entender cuáles eran las preocupaciones más importantes de los ciudadanos y sus sugerencias de mejora. Por ejemplo, el enfoque del acercamiento ciudadano de la policía responde a que 7 de cada 10 capitalinos que fue entrevistado consideró que la seguridad siguió igual de bien o mejoró tras la visita de un uniformado. Además se buscaron experiencias internacionales, especialmente de América Latina, que fueran evidencia de mejores prácticas en torno a los temas que la Ciudad de México todavía tiene pendientes.

En Acción Nacional tenemos claro que las distintas amenazas a la seguridad ciudadana deben ser atendidas mediante respuestas diferenciadas que tomen en cuenta su nivel de organización y los espacios en los que éstas operan, especialmente la calle, el espacio público. Por esto, las propuestas planteadas en esa sección seguirán siendo evaluadas periódicamente en términos de su efectividad e impactos, asegurando que éstas no generen mayores niveles de violencia y que funcionen con pleno respeto a los derechos humanos.

Diagnóstico

Las ciudades en México enfrentan el reto de equilibrar el marco teórico del desarrollo sostenible con las necesidades de sus ciudadanos. Visto desde esa perspectiva, una ciudad sostenible puede ser concebida como la integración de cuatro pilares: desarrollo social, desarrollo económico, gestión ambiental y gobernanza urbana. La Ciudad de México ha dado pasos en torno a algunos de estos pilares. Sin embargo, todavía hay tareas pendientes que son sumamente relevantes para redefinir el rumbo de la conservación de los recursos naturales de los que depende la ciudad.


Como muestra el Gráfico 1, según el Índice de Sustentabilidad Ambiental (ISA), entre aquellas ciudades que tienen una población de más de un millón de habitantes, el Valle de México es la que tiene la calificación más baja en el uso del agua y el manejo de residuos sólidos. En cuanto a la disponibilidad de áreas verdes y la calidad del aire, no es la peor evaluada, pero su desempeño aún no es el óptimo. Una calificación favorable para el Valle de México es la relacionada con el uso de energía. Sin embargo, éste no mide las fuentes de donde proviene la energía, tarea aún pendiente en el DF.

Gestión sostenible del agua
El manejo actual del agua en el Valle de México no está a la par de otras megalópolis de América Latina. No es ni eficiente, ni sostenible, ni equitativo y amenaza la capacidad de generaciones futuras de aprovechar este recurso . La situación de los recursos hídricos es crítica. El crecimiento urbano ha significado que la disponibilidad actual de agua en el Valle esté en el orden de 74 m3/habitante, lo que podría considerarse como una situación de estrés hídrico extremo. Es probable que el cambio climático genere sequías aún más fuertes que las observadas hasta ahora. Por esto, es urgente crear incentivos que lleven a la sostenibilidad y a la responsabilidad individual en el cuidado de este recurso como patrimonio natural de las generaciones venideras.


La Ciudad de México enfrenta el reto de asegurar servicios de agua que se presten con regularidad, sean de buena calidad y den cobertura a toda la población a la vez que tengan un impacto mínimo sobre el medio ambiente . En la Zona Metropolitana del Valle de México, la extracción de agua es de 12,922 hm3/año, lo cual significa que se está rebasando la disponibilidad de la cuenca en un 173%. La mayor cantidad de agua que se distribuye viene de los mantos acuíferos, lo cual indica que es urgente llevar a cabo acciones que permitan desarrollar más alternativas de abastecimiento. Además, es necesario tomar acciones en torno a las aguas residuales, pues sólo se trata un 27% del total.

En los últimos años han habido avances en infraestructura, aunque claramente insuficientes. Un problema permanente al que se enfrenta el DF en cuanto a la provisión de agua es que entre el 30 y 40% de este recurso se pierde en fugas de la red. También debe mencionarse que hay zonas en donde la calidad del agua no es satisfactoria debido a la intrusión de aguas negras en el sistema de agua potable, el manejo no adecuado de residuos y la lluvia ácida. Aunado a lo anterior, hay serios contrastes entre el suministro y calidad del agua entre delegaciones.


El consumo de agua per capita diario en el DF es de 320 litros por habitante. Sin embargo, la distribución no es equitativa. Un ejemplo de ello es Iztapalapa donde se reciben 238 l/hab; mientras que en la delegación Miguel Hidalgo se recibe en promedio el doble de litros por persona, a pesar de contar con sólo el 20% de la población de la delegación anterior. En Iztapalapa, de 198 colonias un 18% (35 colonias) recibe agua de la ‘clasificación 2’ y una colonia recibe incluso agua de la ‘clasificación 3’ . Esto quiere decir que la calidad de agua que se recibe en la Ciudad de México varía de manera importante de delegación en delegación.

Uno de los obstáculos para la mejora de la gestión del agua son los costos asociados a la provisión del servicio. El agua para la capital tiene que traerse desde lugares que se encuentran a distancias de entre 57 kilómetros (Lerma) hasta 140 kilómetros (Temascaltepec). El costo de traslado del agua por persona se calcula entre 270 y 670 pesos al año. Si se considera que esta persona paga 50 pesos al bimestre (300 pesos al año), en muchos casos el organismo no alcanza siquiera a cubrir los costos de traslado. Como resultado, el organismo operador de la Ciudad de México (SACMEX) no recupera sus costos operativos a través del cobro del servicio. Por esto, el subsidio a SACMEX es de casi 10 mil millones de pesos anuales, lo que representó el 7% del presupuesto total de la entidad para 2012. Esto implica un gasto por habitante de $1113 pesos.

La poca sanidad financiera con la que se gestiona el agua en la Ciudad de México implica también que disminuya la calidad y el mantenimiento de la infraestructura. De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la zona centro del país es la de mayor presencia de contaminación por materia orgánica e incluso en la región del Valle de México y Sistema Cutzamala la mitad de las estaciones de monitoreo presentan altos niveles de contaminación. Esto tiene costos sociales altos, pues la población de bajos ingresos termina pagando más por el agua al verse en la necesidad de adquirir pipas o garrafones debido tanto a que no tienen acceso a la red de agua potable como a la irregularidad en el servicio o a la mala calidad.

Es relevante mencionar que se ha hecho muy poco por controlar la demanda de agua, pues una buena parte del cobro todavía se hace a través de tarifas fijas. A partir de 2010, en el Distrito Federal se incorporó un nuevo esquema de cobro inspirado en el de Bogotá, el cual está basado en el nivel socioeconómico de la vivienda y el nivel de consumo. Bajo este esquema, el agua recibe un subsidio de acuerdo al nivel de marginación de la zona en donde se encuentre la casa. Como resultado, la capacidad de cobro aumentó de 53% en el 2009 a 84% en 2011.

Uno de los instrumentos utilizados para este cambio son los micromedidores. Las tomas con micromedidores aumentaron del 20% en 2009 al 46% en 2011. Aun así, la cobertura de micromedición sigue siendo muy baja. Un alto porcentaje del cobro en el Distrito Federal todavía se hace a través de cargos fijos y no de tarifas volumétricas. Por esta razón, los incrementos en las tarifas generalmente surten poco efecto en el comportamiento de los capitalinos, ya que al haber un porcentaje importante de hogares que no cuentan con micromedidores, no tienen la opción de ahorrar dinero al reducir su consumo. El resultado: el desperdicio de agua sigue siendo el mismo.
La complejidad de los problemas descritos anteriormente está relacionada con la gestión y gobernanza con la que hasta ahora se ha operado el sistema. La gestión del agua de la ZMVM continúa fragmentada en cerca de 60 organismos operadores: uno en el Distrito Federal (el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, SACM) y 59 en los municipios conurbados del Estado de México e Hidalgo. Aunado a esto, es preciso mencionar que en el Distrito Federal el 98% de los habitantes tienen acceso a agua potable. Tomando en cuenta que el acceso a agua potable es un derecho humano reconocido como tal por Naciones Unidas, organismo al que México está suscrito, no tener cobertura total en la capital del país resulta inaceptable.

Uso de fuentes alternativas de energía
Aunque las energías fósiles seguirán siendo la base del desarrollo económico mundial durante las siguientes décadas, las fuentes renovables adquirirán mayor relevancia, convirtiéndose en un elemento esencial para el desarrollo sostenible. Las energías renovables también generan beneficios al reducir los costos sustanciales asociados con la contaminación y el impacto a la salud del uso del petróleo, el carbón y el gas.
A nivel nacional, México se ha autoimpuesto dos mandatos: a) en la Ley General de Cambio Climático (LGCC) se establece el compromiso de generar el 35% de la electricidad mediante energías limpias para el año 2014, así como la meta de reducir las emisiones de gas de efecto invernadero (GEI) en un 30%; y b) en la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética (LAERFTE) se estableció el objetivo de alcanzar una capacidad instalada mínima, generación efectiva, así como estrategias y acciones para considerar la diversidad de fuentes de energía . Todo ello todavía tiene poca aplicación en el Distrito Federal.

Comparada con el resto de las ciudades mexicanas, el uso de la energía en la ciudad se considera adecuado para la cantidad de población que la habita. Se consume 1.38 megawatt/hora por habitante (32% más bajo que la media nacional) . Sin embargo, las fuentes de donde se obtiene la energía no son renovables. Por ejemplo, en edificios públicos y en los servicios de alumbrado todavía no se hace obligatorio el uso de energías renovables para su alimentación.
Una fuente importante de energía para la Ciudad de México es el biogás. Hasta la fecha, la labor de aprovechamiento de biogás en el Bordo Poniente que se contempló en la administración anterior no ha dado inicio. Esto es se traduce en un desperdicio importante de energía. En contraste, comparado con otras ciudades, la electricidad generada a partir de los desechos orgánicos de la ciudad de Monterrey actualmente sirve para suministrar energía al sistema Metrorrey (dos líneas de tren ligero), así como al alumbrado público, las oficinas del DIF, las oficinas del Sistema de Agua y Drenaje y del Gobierno de Nuevo León .

Movilidad sostenible
Garantizar el derecho a la movilidad de las personas que habitan y transitan en el Distrito Federal constituye una prioridad y un gran desafío. La expansión de la mancha urbana se ha traducido en una demanda creciente de viajes que no ha ido acompañada de una red de infraestructura de transporte adecuada. En la Ciudad de México, las personas realizan poco más de 11 millones de desplazamientos al día . Si se considera la ZMVM en su totalidad, la cantidad aumenta a casi 22 millones de viajes diarios, de los cuales 4 millones 370 mil son entre el DF y el Estado de México (20%). Uno de cada cuatro viajes originado en los municipios conurbados del Edomex —principalmente de Ecatepec, Nezahualcóyotl y Naucalpan— se dirige al DF. Estos datos de la Encuesta Origen Destino (EOD) de 2007 revelan con nitidez el carácter metropolitano de la movilidad en el Valle de México. Por increíble que parezca, los datos que se siguen utilizando para hacer los diagnósticos sobre movilidad son los de 2007.

La inversión pública que supondrá el Programa Integral de Movilidad —a más de dos años de gobierno aún no se expide—, así como el ordenamiento y diseño de nuevas rutas exigen un diagnóstico certero , por lo que es imperativo disponer de información actualizada y precisa, pues las dinámicas de movilidad cambian y la infraestructura existente no es la misma que hace ocho años (por ejemplo, la ampliación del Metrobús, línea 12 del Metro, tren suburbano).
En cuanto a la oferta de transporte público, además del Sistema de Transporte Colectivo Metro y del Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros del Distrito Federal (Metrobús), la red de transporte que opera en la Ciudad de México se compone del Sistema de Transportes Eléctricos (Tren Ligero y Trolebús), así como de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP). El Distrito Federal es la entidad federativa con la mayor infraestructura de transporte público de autobuses de transporte rápido, ya que el Metrobús cuenta con 95 km de longitud a través de sus cuatro líneas. Recientemente también se creó el Sistema de Transporte Individual (Ecobici), el cual cuenta con 6500 bicicletas en su sistema.

Como se puede ver en el Gráfico 2, en 2007 se estimaba que el 45% de los viajes en la ZMVM se realizan en unidades de servicio público concesionado (microbús) y operan bajo condiciones que no garantizan la calidad, eficiencia y seguridad de los usuarios. En el gobierno anterior, el Programa Integral De Transporte y Vialidad 2007-2012 reconocía que de un parque vehicular de 20 mil microbuses, el 80% de las unidades estaban “fuera de norma” pues tenían más de 10 años de antigüedad . Los microbuses tuvieron un crecimiento exponencial y desordenado; y a partir de 1994 se constituyeron en la principal forma de traslado de los capitalinos. Sin embargo, la calidad en el servicio no mejora y así lo perciben los usuarios de manera contundente.

De las quejas recibidas ante la CDHDF en 2011 (enero 2011- mayo 2012), el mayor reclamo social fue por la calidad del servicio de transporte público, particularmente de los microbuses. Concentraron las denuncias los accidentes, asaltos, malos tratos, el mal manejo y la violencia sufrida en los microbuses con un 35% del total (el doble comparado con las quejas realizadas contra taxis y el triple frente al Metro o Metrobús). En una encuesta sobre la percepción del servicio, se halló que 9 de cada 10 usuarios piensa que es incómodo; 8 de cada 10 lo califica como inseguro y 7 de cada 10 afirma que es un transporte lento . Por esta razón, es necesario poner un fin a la era del microbús e invertir en opciones de transporte público masivo.
Para facilitar los traslados, se han adoptado leyes y normas, creado instituciones, impulsado programas y acciones públicas, fortalecido diversos medios de transporte de distinta naturaleza y alcances, e impulsado recientemente estrategias novedosas en materia de movilidad peatonal y transporte alternativo como la bicicleta. A pesar de todos los avances, el 64% de los capitalinos encuestados piensa que con el aumento de tarifas el servicio sigue igual; y el 62% piensa que la relación costo-calidad en el servicio es regular.

Durante las últimas dos administraciones del GDF se privilegió el uso del automóvil y la construcción de infraestructura para éste. La preocupación era cómo mover autos con más vías y calles más amplias a mayor velocidad. El incentivo al uso del automóvil puede verse reflejado en el Índice de Motorización, que mide al número de vehículos de motor registrados en circulación por cada 1000 habitantes. Como se muestra en el Gráfico 3, en los últimos años la tasa ha crecido con mayor celeridad: del 2006 al 2013 a un ritmo del 8% anual, lo que refleja la falta de visión gubernamental para revertir la tendencia.

Así, la Ciudad de México se enfrenta a varias distorsiones e insuficiencias tanto en los distintos modos de transporte como en la red vial disponible. Es un auténtico nudo gordiano: una masa de cerca de cinco millones de vehículos (autos, autobuses, camiones, camionetas, motocicletas) en una red de vialidades saturadas con desarticulaciones e ineficiencias en la coordinación de los diversos modos de transporte que afectan la velocidad (17km/h en promedio) con tiempos empleados (en promedio 2 horas 6 minutos por viaje) y desperdiciados (3.6 días al año pierden los capitalinos al esperar el transporte), grandes emisiones de contaminantes (21 millones de litros de combustible se consumen diariamente) y perjuicio en la salud de los habitantes (fuente de estrés permanente) .
Los gobiernos de la Ciudad de México han desarrollado proyectos como la ampliación del sistema Metro, cinco líneas de Metrobús, el sistema de bicicletas púbicas Ecobici, corredores de transporte público cero emisiones, vías para peatones, restricción para la circulación de vehículos privados y autopistas de segundo piso. Este tipo de soluciones genera beneficios en la movilidad y en la calidad del aire en la ciudad, pero se perciben como acciones aisladas cuyos resultados no son contundentes para lograr una solución real al problema de movilidad y han sido ejecutados en el marco de una Ley de Transporte y Vialidad que se publicó en el año 2002. Como se desprende de lo anterior, la inversión en alternativas de transporte público masivo como eje de la política de movilidad está ausente.


Actualmente, con la nueva Ley de Movilidad —impulsada por Acción Nacional—se pronostica un futuro más promisorio para la dinámica de transportación en la ciudad. Uno de los cambios más relevantes es que esta Ley pone al peatón como prioridad. Además se contempla la creación de Consejo Asesor de Movilidad y Seguridad Vial, así como de un Sistema Integrado de Transporte Público.

Urbanización sostenible
Los cambios tecnológicos y económicos han permitido que las ciudades sean más grandes y extensas, mientras que los transportes más rápidos han permitido a la gente vivir más lejos de los lugares de trabajo. Sin embargo, el gran crecimiento ha traído consecuencias en el medio ambiente en proporciones planetarias; por ejemplo, el entubamiento de cauces naturales de agua y el tendido de infraestructura necesaria para abastecer los centros urbanos han exterminado especies de flora y fauna y alterado el clima global.
El Valle de México es la ciudad con mayor densidad poblacional del país y conforma la zona metropolitana más grande de México. La mancha urbana metropolitana se integra por 96 demarcaciones del Distrito Federal, Estado de México e Hidalgo. A saber, 16 delegaciones del DF y 80 municipios, 59 de ellos mexiquenses y 21 hidalguenses. Según el INEGI, en este polígono radican 21 millones de personas, casi nueve millones en la capital del país, 11 en el Estado de México y un millón en Hidalgo.

La falta de planeación sobre la delimitación física de la ciudad es una de las principales carencias del Plan General de Desarrollo 2006-2012 del Distrito Federal, el cual abarca el 44% de la ZMVM. Actualmente no es posible afirmar que la ZMVM sea una ciudad compacta debido a las siguientes razones :

• o El plan de desarrollo urbano del DF y los de los cinco municipios más poblados de la Zona Metropolitana del Valle de México (Ecatepec, Nezahualcóyotl, Naucalpan, Tlalnepantla y Chimalhuacán) no contienen límites ni físicos ni poblaciones de la zona urbana.
• o La planeación de la ciudad es de corto plazo.
• o Los planes de la ciudad no consideran la redensificación de la ciudad a partir de colonias interconectadas que contengan usos de suelo mixtos (vivienda, comercio, escuelas y oficinas), así como una buena oferta de espacios públicos verdes.
• o No existe una planeación metropolitana de transporte.
• o No se cuenta con un mecanismo institucional eficaz para generar una planeación coordinada de toda la ciudad.

La invasión de áreas naturales protegidas, cambio de uso de suelo, sobreexplotación hídrica, deforestación y otros procesos urbano-rurales han convertido al sur capitalino y a otras localidades del país en sitios vulnerables para el crecimiento urbano. Como se muestra en el Gráfico 4, en el DF el suelo de conservación tiene una extensión de 87 mil 572 hectáreas, ocupa el 59% de su territorio y se concentra en las delegaciones Álvaro Obregón, Cuajimalpa de Morelos, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco. La zona sur de esta capital todavía mantiene el 80% del suelo de conservación, el cual suministra agua y ayuda a mantener el clima templado de la ciudad.

Los procesos de invasión e inmobiliarios más notorios en Xochimilco han ocurrido en Santiago Tepalcatlalpan y Santa Cruz Acalpixca, San Juan, Tepepan, Huichapan, San Lorenzo Atemoaya y Santa María Nativitas. En otras áreas ha habido un desarrollo inmobiliario brutal de viviendas de bajos recursos y edificaciones que han hecho que en lugares donde antes había 20 o 30 casas, ahora haya 200 o 300 familias. Estas faltas a las delimitaciones en el uso de suelo de conservación también pueden verse reflejadas en la tendencia del número creciente de denuncias ante la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial en el DF (PAOT) como se muestra en el Gráfico 5.

Además del suelo de conservación, otro problema es el uso de suelo urbano. Según cifras de la PAOT, las denuncias por uso de suelo incrementaron sobre todo de 2012 a 2014. Como se muestra en el Gráfico 6, esta tendencia se agudiza en las delegaciones Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc. Éste es un aspecto sumamente relevante por regular, pues los cambios de uso de suelo han sido en detrimento del bienestar de las familias.

Contaminación y gestión de residuos urbanos
Desde hace casi 30 años, la mayor parte de la basura generada por los capitalinos había sido enviada al relleno sanitario del Bordo Poniente, el más grande del mundo en su tipo, con más de 400 hectáreas de extensión. Tras su colapso debido a la acumulación de grandes cantidades de basura y ante la falta de un programa de aprovechamiento de gas y residuos, finalmente el relleno sanitario fue cerrado el 19 de diciembre de 2011 . Al no contar con una alternativa local, la gestión de residuos sólidos es un tema central en la agenda de la ciudad.
Los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) son los que se generan en las casas como resultado de la eliminación de los materiales que se utilizan en las actividades domésticas; también son los que provienen de establecimientos o la vía pública, o los que resultan de la limpieza de las vías o lugares públicos y que tienen características como los domiciliarios. Su manejo y control es competencia de las autoridades delegacionales . Según la SEMARNAT, mientras los países desarrollados reciclan entre el 35 y 60% de los residuos que generan, en México apenas se reutiliza el 12%. Ese porcentaje resulta alarmante si se considera la cantidad de basura plástica generada en el país: según cálculos de la Asociación Nacional de Industrias del Plástico (ANIPAC) esta cifra es de alrededor de 3.8 millones de toneladas.

Según el inventario de residuos sólidos, en el Distrito Federal se generan 12,816 ton/día . Las delegaciones con mayor generación son: Iztapalapa (2,256 ton.), Gustavo A. Madero (1702 ton.) y Cuauhtémoc (1320 ton.). La generación de estas tres demarcaciones representa el 41% de la generación total de la ciudad. En contraste, la delegación con menor generación es Milpa Alta (116 ton.).

Según datos de la SEDEMA, en 12 de las 16 delegaciones se encuentran ubicadas 13 estaciones de transferencia donde se almacenan y concentran los residuos sólidos provenientes de la recolección que realiza el servicio de limpia. También se cuenta con dos plantas de selección de residuos para reciclaje ubicadas en San Juan de Aragón en la delegación Gustavo A. Madero y en Santa Catarina en el oriente de la delegación Iztapalapa. Además, existen siete plantas de composta ubicadas en el Bordo Poniente y en las delegaciones Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Iztapalapa, Milpa Alta (dos plantas de composta) y Xochimilco, ahí se reciben y se procesan los residuos orgánicos para su aprovechamiento en parques y jardines del Distrito Federal.
Actualmente, la Ciudad de México no cuenta con un sitio de disposición final. En el caso de los residuos sólidos que ya no pueden ser sujetos a ningún tratamiento físico, químico o biológico para su aprovechamiento, éstos son trasladados a los cinco sitios de disposición final de los cuales cuatro se encuentran en el Estado de México y uno en Morelos. Esta situación refleja una falta de planeación grave del GDF.
Es vital para el futuro de la Ciudad de México que el nuevo enfoque sea reducir la generación de residuos y no sólo preocuparse por su disposición, solo así se logrará la sostenibilidad del entorno. Para esto se requieren reformas importantes a la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal que impliquen la verdadera aplicación de sanciones al uso de bolsas de plástico y la creación de un centro de disposición de residuos, entre otras transformaciones.

Propuestas

Uno de los retos más importantes para Acción Nacional es impulsar una agenda legislativa que convierta al Distrito Federal en una ciudad que crezca y prospere dentro de los límites naturales de nuestro planeta. Es decir, en una ciudad que cubra las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de futuras generaciones. Las propuestas para una ciudad sostenible y armónica que se presentan son arriesgadas y requieren una transformación profunda. Sabemos que nuestras ideas encontrarán obstáculos, pero sólo arriesgándose con alternativas más innovadoras en términos de sostenibilidad urbana se podrá detener el colapso de la Ciudad de México y convertirla en una ciudad funcional, competitiva y con larga vida. Nuestras propuestas son: 1) gestión sostenible del agua; 2) uso de energías renovables; 3) movilidad sostenible; 4) urbanización sostenible y; 5) contaminación y gestión de residuos sólidos.

Gestión sostenible del agua

La provisión sostenible de agua es uno de los temas más relevantes y críticos para la Ciudad de México. Acción Nacional ve en la gestión del agua una oportunidad de crecimiento e innovación, no como lastre que deba arrastrarse por generaciones. Las propuestas que se exponen a continuación son un reflejo de esta visión.

3.1.1 Impulsar propuestas para la creación del Organismo Metropolitano de Gestión de Agua y Saneamiento
Para poder gestionar la provisión de agua potable en el Distrito Federal se necesita comenzar a gestionar con una visión metropolitana. Es decir, que implique la gestión interestatal para considerar no sólo a la Ciudad de México, sino al área conurbada. Según expertos, para que este organismo funcione necesita contar con: autonomía de gestión, cobertura amplia para generar economías de escala, mandato de sostenibilidad financiera, rendición de cuentas y transparencia. En este sentido, impulsaremos la creación de un Organismo Metropolitano de Gestión de Agua y Saneamiento para el Valle de México.

3.1.2 Normas para mejorar y estandarizar la calidad del agua 
Para consolidar al Distrito Federal como una ciudad sostenible, un aspecto sumamente relevante por resolver es que el agua que sale de las llaves en los hogares tenga la calidad adecuada para beberse. En este sentido, Acción Nacional buscará tomar acciones para asegurar que el organismo de agua de la Ciudad de México tenga la capacidad técnica y financiera para garantizar un mínimo de calidad de agua para beber de la llave.

3.1.3 Provisión de agua potable en todo el Distrito Federal 
En la Ciudad de México todavía se pueden encontrar lugares donde no hay provisión de agua potable. Esta situación es gravísima si se considera que el derecho al acceso a agua potable es un mandato internacional. En este ámbito, la propuesta del PAN es proponer acciones que garanticen la provisión de agua en la totalidad de las colonias del Distrito Federal.

3.1.4 Impulsar iniciativas para que el cobro del agua sea justo (cobro por volumen consumido) 
Aunque una tarifa subsidiada puede parecer un alivio para las familias de más bajos ingresos son esos hogares quienes más resienten las carencias de tener un servicio de mala calidad y que en gran medida es el resultado de tener tarifas que no reflejan el verdadero costo de abastecimiento y saneamiento. Así, la población de bajos ingresos termina pagando más por el agua al verse en la necesidad de adquirir pipas o garrafones debido tanto a que no tienen acceso a la red de agua potable como a la irregularidad en el servicio o a la mala calidad del líquido. En la Ciudad de México, SACMEX continúa teniendo una de las capacidades de cobro más bajas dentro de los organismos operadores de agua (50% del agua no se paga en el DF vs. 23% a nivel nacional) y las tarifas continúan siendo muy bajas respecto a los costos (la tarifa promedio en el DF es de $2.60 por m3 mientras que el costo es de $23 por m3). En este sentido, se propone:

• • Instalación total de micromedidores para el cobro de tarifas por consumo real
• • Re-ajuste a las tarifas de agua utilizando criterios socioeconómicos

3.1.5 Aprovechamiento del agua de lluvia 
El Gobierno del Distrito Federal y la Asamblea Legislativa establecerán las condiciones legales y reglamentarias para que la captura de agua de lluvia y la recarga de los mantos freáticos sea una práctica obligatoria en todas las nuevas construcciones y desarrollos urbanos.

Uso de energías renovables

3.2.1 Impulsar iniciativas para que los edificios y espacios públicos operen con energía renovable 
Actualmente en la Ciudad de México no existe una legislación que obligue a los edificios gubernamentales a operar con fuentes renovables de energía. El primer edificio gubernamental totalmente sostenible se encuentra en la sede de la delegación Azcapotzalco. En esta construcción se invirtieron 4 millones 700 mil pesos, en 240 paneles solares, 654 lámparas y 129 sensores de movimiento, mantenimiento de instalación, entre otros. Con la puesta en marcha de sólo un edificio público totalmente sostenible, es claro que la Ciudad de México muestra un grave rezago en construcciones con tecnología verde. Por esto, la necesidad de impulsar leyes que establezcan estándares de sostenibilidad, al menos para los edificios y espacios públicos.

3.2.2 Impulsar iniciativas para que se use energía renovable en el alumbrado público
El ejemplo en el uso de la energía sostenible debe comenzar en casa. Al igual que en el caso de los edificios públicos, tampoco existe una legislación que impulse el uso de energía alternativa en el alumbrado público. Actualmente ya operan algunos esfuerzos por utilizar energía renovable. Por ejemplo, el alumbrado del segundo piso del periférico opera con lámparas que se alimentan de energía solar.

3.2.3 Impulsar el aprovechamiento de biogás en el Bordo Poniente
Hasta la fecha, la labor de aprovechamiento de biogás en el Bordo Poniente que se contempló en la administración anterior no ha dado inicio. El aprovechamiento de biogás es de suma relevancia, pues mediante este proceso se estima que por cada tonelada de basura orgánica pueden llegar a generarse hasta 175 kWh, energía suficiente para alimentar un refrigerador estándar por dos meses. El uso de biogás se lleva a cabo con éxito en Alemania, donde existen más de 5000 plantas en todo el país. En México también hay un caso exitoso del uso de este tipo de tecnología: la planta de biogás administrada por el Sistema Integral para el Manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos (SIMEPRODE) en Monterrey. La electricidad generada a partir de los desechos orgánicos de la ciudad actualmente sirve para suministrar energía al sistema Metrorrey (dos líneas de tren ligero), así como al alumbrado público, las oficinas del DIF, las oficinas del sistema de Agua y Drenaje y las del Gobierno de Nuevo León. Considerando este caso de éxito, tomaremos medidas para apresurar el inicio del aprovechamiento del biogás en el Bordo Poniente.

Movilidad sostenible

La misión principal Acción Nacional es incrementar la oferta de transporte público sostenible y de calidad, para así desincentivar el uso del automóvil.

3.3.1 Inversión en transporte público masivo 
Las asignaciones de recursos del Fondo Metropolitano son un instrumento de suma relevancia para la creación de cambios reales en la capacidad y calidad del transporte público. Por esto, es necesario:

• • Impulsar legislación para asignar al menos el 50% de la transferencia del Fondo Metropolitano para la ZMVM a la expansión y mejora del transporte público.
• • Construcción de al menos dos líneas nuevas de transporte público masivo (Metro o sistema alternativo) con financiamiento de deuda de la ciudad más fondos federales bajo un esquema de escrita supervisión en la asignación y ejecución del proyecto.

3.3.2 Impulso a la creación de una Red Metropolitana de transporte público
Para mejor la gobernanza y coordinación de la ciudad todos los sistemas de transporte público necesitan estar coordinados en una sola unidad. Es decir, coordinar y supervisar la operación del Metro, el Metrobús, el Sistema de Transportes Eléctricos (trolebús y tren ligero) y la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), además de seguir gestionando el transporte público concesionado (microbuses, combis y taxis). Por ello, buscaremos crear una Agencia Metropolitana de Transporte Público.

3.3.3 Mejoras sustanciales al Sistema de Transporte Colectivo Metro
El metro de la Ciudad de México se ha convertido en estandarte de corrupción y mala planeación del gobierno local. Esto es una lástima y refleja una falta de compromiso con los capitalinos. Por esto, Acción Nacional buscará modernizar y hacer eficiente la Red de Transporte Colectivo Metro por medio de:

• • Garantizar la calidad y seguridad del servicio en la totalidad de la Línea 12.
• • Mejorar la operación y calidad de las estaciones.
• • Incremento de vagones en las líneas de metro más transitadas
• • Transparencia y participación ciudadana en las decisiones de obra pública

3.3.4 Fin a la era del microbús
Éste es el principal medio de transporte de los capitalinos y el que en peores condiciones se encuentra. Por ello, buscamos impulsar un sistema ordenado de prestación de transporte público que incluya:

• • Cambio en el modelo de concesión para pasar de concesionarios por unidad a la creación de cooperativas o empresas colectivas con concesiones por ruta.
• • Sustitución del 100% de las unidades a través de esquemas de financiamiento de la banca de desarrollo.
• • Sistema de prepago y actualización anual de las tarifas.
• • Capacitación y certificación de los operadores del servicio y verificación de las unidades.

3.3.5 Revisión del programa hoy no circula
El 1 de julio de 2014, el Jefe de Gobierno decidió endurecer este programa vigente desde 1989 mediante la ampliación de días en que dejan de circular los vehículos de acuerdo a su antigüedad. De esta manera, los automóviles con más de ocho años de antigüedad dejaron de circular dos sábados al mes, mientras que todos los vehículos de más de 15 años no pueden hacerlo los sábados. Esta medida afectó de manera grave y directa la vida cotidiana de los capitalinos en sus actividades laborales, recreativas y familiares. De acuerdo a algunos estudios, el 77% de los capitalinos desaprobó la medida. Desde un primer momento, Acción Nacional hizo público su rechazo a esta medida unilateral del gobierno y asistió a los ciudadanos para ampararse contra ella. En consecuencia, insistiremos en:

• • Derogar el “Doble Hoy No Circula”

3.3.6 Ampliación y regulación del uso de bicicletas
Una política que ha resultado exitosa en la Ciudad de México es la instalación del sistema Ecobici. La propuesta de Acción Nacional tiene que ver no sólo con la ampliación de la oferta de bicicletas, sino con dotar a los ciclistas de derechos y obligaciones asociadas con su medio de transporte. En este rubro proponemos:

• • Expandir la cobertura de la oferta de bicicletas del transporte público
• • Reglamento para ciclistas vinculado a sanciones por falta de cumplimiento

3.3.7 Vigilancia a programas y proyectos de infraestructura en el transporte público que ya han sido asignados
Una de las obras que anunció el GDF y que no ha iniciado a construirse es el Teleférico de Magdalena Contreras (ruta San Bernabé-Copilco), por lo que vigilaremos la realización de este proyecto que busca comunicar zonas marginadas o de difícil acceso de la Ciudad de México con centros de trabajo y comunicación de una manera sostenible y eficiente.

3.3.8 Impulso a la construcción de iniciativas park-and-ride
Estas iniciativas tienen el objetivo de desincentivar el uso del automóvil en trayectos largos que lleguen al centro de la ciudad. Promueven que las personas utilicen autos hasta cierto perímetro y que para llegar a su destino final utilicen el transporte público para disminuir el congestionamiento en vialidades centrales. Las iniciativas park-and-ride tienen como objetivo facilitar la construcción de estacionamientos masivos en terminales importantes de conexión al transporte público, o incluso en paraderos de autobuses (verdaderos centros intermodales).

• • Un primer paso será Impulsar la creación de espacios de estacionamiento masivo en zonas de conexión claves para el acceso al transporte público

Urbanización sostenible

3.4.1 Planeación de una ciudad compacta 
La creación de ciudades compactas es una recomendación de organismos internaciones y de OSC locales para la construcción de ciudades sostenibles, productivas, competitivas y seguras. Las características de este tipo de ciugdades son: 1) una alta densidad poblacional; 2) promoción de usos de suelo mixto (vivienda, oficinas, comercio) y varios centros o nodos de transporte público enlazados entre sí, uniendo las distintas áreas o secciones de la ciudad; 3) una planeación basada en límites urbanos claros que consideran la densidad poblacional y el crecimiento de la misma; y 4) políticas públicas de carácter metropolitano. Aunque la Ciudad de México —por la extensión de la mancha urbana— no puede ser en estricto sentido una ciudad compacta, si debe buscarse una planificación que revierta este crecimiento y que tienda a transformarla en una ciudad ocupada y eficiente. Así, la propuesta de Acción Nacional es:

• • Impulsar el diseño de estrategias, legislación y políticas como vivienda socialmente integrada y ciudad cercana y conectada para densificar territorio
• • Integrar el Plan de Ordenamiento Territorial y el Programa de Desarrollo Urbano en un solo instrumento de planeación y ordenamiento del territorio que alinee las estrategias ambientales y las urbanas.

3.4.2 Impulsar medidas para mejorar la calidad del aire 
Aunque el objetivo primordial de la legislación que promueve Acción Nacional no es incentivar el uso de automóviles, es preciso reconocer que actualmente existen alternativas sostenibles que pueden mejorar la calidad del aire en la ciudad. La revisión de la regulación eficiente de la circulación de los vehículos ya existentes es sumamente necesaria en este ámbito. Además, también se requiere revisar la legislación en torno a las emisiones industriales y sus respectivas sanciones. En este sentido buscaremos:

• • Crear incentivos fiscales para el uso de autos híbridos y eléctricos.
• • Impulsar la regulación eficiente de emisiones industriales.

Contaminación y gestión de residuos urbanos

La cantidad de basura que se produce actualmente en la Ciudad de México y en el área conurbada genera un estrés ambiental sin precedentes. Por esto, es decisivo el impulso a una legislación tajante que realmente provoque cambios profundos en los hábitos y prácticas de los habitantes y que a su vez trace la responsabilidad personal con la generación de contaminación en sus distintas expresiones.

3.5.1 Impulsar medidas para prohibir el uso de contenedores de unicel 
El unicel es uno de los materiales más contaminantes para el medio ambiente, pues no se puede reciclar completamente y su degradación conlleva muchos años. Por esto, este material ha sido prohibido en grandes ciudades como Nueva York. En la Ciudad de México es una tarea pendiente que sin duda quitaría estrés en la gestión de residuos sólidos. De tal suerte, habremos de impulsar modificaciones en la Ley de Residuos Sólidos para que se prohíba el uso de contenedores de unicel en todos los establecimientos de alimentos, así como para las entregas de alimentos a domicilio.

3.5.2 Revisión y reforma de la ley que prohíbe el uso de bolsas de plástico 
La Ciudad de México ya cuenta con una Ley de Residuos Sólidos que prohíbe el uso de bolsas de plástico. Sin embargo, esta Ley ha tenido una aplicación laxa, pues su adopción no ha sido monitoreada ni sancionada más allá de las grandes cadenas de tiendas de autoservicio. Las bolsas que se utilizan en los comercios pequeños y en el comercio informal están fuera de las inspecciones y regulaciones. Este tipo de legislación es necesaria para disminuir los niveles de contaminación y está vigente en ciudades tanto desarrolladas como en vías de desarrollo. Es necesario revisar la Ley de Residuos Sólidos para generar incentivos y sanciones suficientes para una prohibición verdadera del uso de bolsas de plástico en el Distrito Federal.

3.5.3 Impulsar medidas para incentivar la reducción de la generación de residuos 
Con el fin de disminuir la generación de residuos, crear conciencia y establecer mecanismos de corresponsabilidad de los habitantes de la Ciudad de México, se buscarán iniciativas que incentiven el reciclaje o disuadan a la población de generar residuos.
Así por ejemplo, se pueden explorar alternativas de reciclaje de botellas de plástico (PET) como medio de pago para la utilización de servicios públicos (transporte, baño, etcétera) tal y como ocurre en Beijing donde las botellas de PET sirven para viajar en metro desde 2012 . Otra vía es considerar la compra de bolsas especiales distribuidas por el gobierno para la disposición de residuos y que serían las únicas aceptadas por los recolectores, mecanismo exitoso en Taipei y todas las ciudades de Japón.

3.5.4 Impulsar la creación del Centro de Manejo de Residuos Sólidos 
Tras la clausura del Bordo Poniente, la basura de la Ciudad de México se envía a los tiraderos de Ixtapaluca, Estado de México. Esta situación refleja una falta de planeación grave del GDF. Por esto, una acción de suma importancia para la sostenibilidad de la Ciudad de México es la creación y construcción de un Centro de Manejo de Residuos Sólidos que no sólo sustituya al Bordo Poniente, sino que sea un centro que transforme la gestión y procesamiento de residuos sólidos en México. La construcción de infraestructura nueva para el majeo de residuos sólidos brinda una oportunidad valiosa para la transformación e innovación en la gestión de residuos sólidos.

3.5.5 Regulación y monitoreo de la contaminación acústica
La contaminación por ruido es actualmente uno de los problemas más frecuentes y subestimados pese al grave daño que provoca a la salud de la población e incluso al medio ambiente. El ruido también es un factor de contaminación que afecta la sostenibilidad de una ciudad. En el Distrito Federal los límites de ruido actuales son muy laxos. En las casas, bares y salones de fiestas cada quien sube el volumen de acuerdo a su gusto, contaminando así el ambiente de manera continua. La Organización Mundial de la Salud considera 55 decibeles como el límite superior deseable al aire libre. Sin embargo, en la ciudad la Norma Oficial permite 62 decibeles en horario nocturno y 65 en horario diurno. Por esto es evidente la necesidad de modificar la legislación respecto a este tema. En este sentido, Acción Nacional propone:

• • Impulsar la modificación de la Ley de Cultura Cívica y de la Norma Ambiental del Distrito Federal NADF-005-AMBT-2006 para: a) modificar los decibeles permitidos, b) monitorear el nivel de ruido en zonas con alta contaminación de éste en la ciudad, y c) aplicar sanciones.

Justificación

Una política de desarrollo sostenible debe alcanzar un equilibrio entre los costos sociales y ambientales de los bienes y servicios para promover patrones de producción y consumo sanos. La inversión y el uso de tecnologías limpias es piedra angular de un modelo que minimice el impacto ambiental. Este cambio de paradigma requiere el compromiso decidido de autoridades y sociedad por igual.
Con las propuestas que aquí presentamos queremos transformar la fisonomía de la Cuidad de México, de tal suerte que atendiendo a la realidad compenetrada de la ZMVM se atienda la provisión de servicios públicos de calidad con una visión metropolitana de largo plazo que le dé viabilidad y sostenibilidad a esta gran urbe. Es un planteamiento en dos tiempos: el primero y más urgente, resolver problemas inmediatos para hacer esta ciudad más funcional, eficiente y fluida —aprovechando los espacios intraurbanos ociosos y mejorando la movilidad—; el segundo, transformando la relación de cada persona con el medio ambiente, haciéndola corresponsable y consciente —a través de programas y medidas específicas— del impacto de las acciones individuales en el ciclo de contaminación y recuperación de nuestra casa común.

Diagnóstico

La pobreza es un fenómeno multidimensional en el que influyen diversos factores de bienestar. Según la Ley General de Desarrollo Social (LGDS), para medir la pobreza es necesario tomar en cuenta los siguientes indicadores: ingreso corriente per capita, rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios en la vivienda, acceso a los servicios básicos en la vivienda, acceso a la alimentación y grado de cohesión social. En México, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) realiza esta medición.
Una visión general del Distrito Federal muestra, según la última medición de 2012, que el 35.5% de la población vive con un ingreso inferior a la línea de bienestar, y el 6.9% con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo. Esto es preocupante, pues esta cifra mide la capacidad para adquirir una canasta básica. Como se muestra en el Gráfico 1, ambas cifras aumentaron de 2010 a 2012.

Otra de las mediciones que lleva a cabo el CONEVAL es la referente a las carencias sociales que enfrenta la población. Se considera que la medición de carencias puede dar un panorama más certero en torno al bienestar integral de la población. En este sentido, los resultados para la Ciudad de México también son preocupantes. Según las cifras de 2012, el 32.4% de los capitalinos es vulnerable por al menos una carencia social. En la división de éstas, la que más preocupa es la carencia por acceso a la seguridad social: 52.5% de las personas la padecen. En orden de relevancia siguen la carencia por acceso a los servicios de salud (23.4%) y la carencia por acceso a la alimentación (13%). Aunque estas cifras disminuyeron con respecto a 2010, siguen siendo inaceptables si se considera que se presentan en la capital del país.

Educación accesible, inclusiva y de calidad
Un sistema educativo de excelencia exige instalaciones suficientes, dignas y equipadas . Para Acción Nacional, la educación es el medio más eficaz para el constante desarrollo y perfeccionamiento de las personas y de las naciones. En ese sentido, cobra relevancia conocer cuál es el estado de la educación en el Distrito Federal. En cuanto a la asistencia escolar, la ENSANUT 2012 identificó que el 97% de los niños de 6 a 14 años asistía a la escuela. Entre las personas de 15 a 24 años, este porcentaje es sólo del 49.9%. El promedio de años completos de escolaridad en las personas de 15 años o más fue de 9.7 años, 15.5% superior a los 8.4 años del promedio nacional. En cuanto a la población analfabeta de 15 años o más, en el Distrito Federal representa un 3.1%, mientras que en el país la proporción es del 7%.
Evidencia empírica nacional e internacional señala que el desempeño educativo se relaciona directamente con el estado físico de la infraestructura educativa. En la Ciudad de México hay un total de 10,381 escuelas . De este total, el 78% (8141) corresponde a planteles de educación básica (preescolar, primaria y secundaria). De acuerdo con información de algunos asambleístas, aproximadamente 200 planteles requieren mantenimiento general y de éstos, 70 corren un alto riesgo (ubicadas en Cuauhtémoc, Iztacalco y Gustavo A. Madero). Otro problema identificado consiste en que la mayoría de los edificios escolares son de 30 años o más, es decir, son estructuras antiguas que tienen que revisarse permanentemente para garantizar la seguridad de estudiantes, docentes y padres de familia .

Adicionalmente, con base en información del Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial (CEMABE), en el Distrito Federal el 3.4% de las escuelas de preescolar carecen de agua potable y el 3.6% no tienen drenaje. Hablando de los planteles de primaria, 4% no tienen acceso a agua potable y 3.7% carece de drenaje. En el caso de las escuelas de secundaria, entre el 3.7 y el 3.5% carecen de agua potable y de drenaje. Es decir, dentro de las escuelas de educación básica del Distrito Federal alrededor de 400 se encuentran en condiciones críticas de infraestructura (sin baño, sin drenaje o con techo inadecuado); 900 sin mobiliario básico (pizarrón, escritorio para el profesor); 9% de las secundarias no cuentan con laboratorio y 1 de cada 4 escuelas carece de áreas deportivas y recreativas.

A principios del mes de julio de 2014 , el Gobierno de la República y el GDF firmaron un convenio de colaboración para ejercer 640 mdp para el mejoramiento de 150 planteles de educación básica que hay en la ciudad, de manera que el gobierno federal aportaría 240 mdp, el GDF a través de la SEDU daría 200 mdp y las delegaciones aportarían 200 mdp. Como se puede notar, esta asignación presupuestaria está muy por debajo de las necesidades inmediatas que la infraestructura de las escuelas requieren pues ni siquiera cubriría las escuelas en condiciones críticas que arroja el censo.
En cuanto a la educación superior, el caso de la UACM (Universidad Autónoma de la Ciudad de México) representa un ejemplo emblemático de lo que no debe hacerse en materia de políticas públicas en educación. A ésta se han destinado millonarios recursos públicos pero a cambio se ha tenido una nula eficiencia terminal a raíz del uso político que se ha hecho de la universidad. La UACM surge como una institución de educación superior pública (no federal), la primera en su tipo. Imparte diversos programas de licenciatura y posgrado en ciencias, humanidades e ingenierías y su matrícula asciende a los 12,980 estudiantes .

El problema de fondo de la UACM radica en ser presa de intereses políticos tribales de izquierda que ocasionan resultados educativos negativos. Por citar un ejemplo, el número de alumnos que egresan y se titulan es muy bajo si se compara con los estudiantes inscritos y, peor aún, con el presupuesto que le ha sido asignado a la universidad desde su fundación.Hasta 2014 la UACM ha recibido más de 7 mil 921 millones de pesos para su operación. Sin embargo, el número de titulados asciende solamente a poco más de 325 estudiantes. Entonces, la razón entre presupuesto y egresados —lo que nos cuesta a los capitalinos cada titulado de la UACM— es de 24 millones 374 mil 514 pesos con 90 centavos. Costo imperdonable si se consideran las carencias sociales que todavía se enfrentan en la ciudad.

Construcción de un sistema de salud que fomenta la prevención y la equidad
Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, en el Distrito Federal el 24.4% de la población no cuenta con protección en salud. Esta cifra es superior a la nacional, que es de 21.4%. Este resultado es congruente con la medición de la carencia por acceso a los servicios de salud del CONEVAL, que en 2012 fue del 23.4% en los capitalinos. Como se muestra en el Gráfico 4, la mayor proporción de protección en salud en el Distrito Federal es por medio del IMSS con el 36.46%, seguido por el Seguro Popular con un 24.78% y el ISSSTE con el 10.59%. La cobertura por medio del Seguro Popular representa un incremento sustancial en relación con la cifra registrada en 2006, donde apenas era de 1.9%.

A escala mundial, dentro de los países que están enfrentando una transición demográfica —como México actualmente— se está desarrollando un problema grave de enfermedades no transmisibles que implica costos millonarios para los gobiernos. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) el sobrepeso y la obesidad se han convertido en uno de los mayores problemas de salud pública para los países. En México estamos ante un panorama crítico, pues somos el primer lugar mundial en obesidad infantil y el segundo en adultos. De no bajar la prevalencia de este padecimiento en nuestros niños, éstos podrían llegar a perder hasta diez años de esperanza de vida.
El Distrito Federal es la entidad del país con mayores índices de sobrepeso y obesidad en México con particular énfasis en las mujeres, pues el número de mujeres con sobrepeso y obesidad alcanza el 75.4%, esto se ubica por encima del porcentaje nacional que es de 73%. En el caso de los hombres, en el DF el 69.8% presentan este problema y la cifra también está por encima de la nacional que es de 69.4%. En general, el 74% de los adultos mayores de 20 años en el DF padece sobrepeso y obesidad. En niños, la situación de la Ciudad de México también es grave, el 38.6% presentan sobrepeso y obesidad, por encima de la cifra nacional que es de 35%.

Los principales factores que propician el sobrepeso y la obesidad son la mala alimentación y el sedentarismo. Estos factores, que son sencillos de atacar, tienen consecuencias graves: mortalidad 12 veces mayor en jóvenes de 25 a 35 años, gastos de entre 22 y 34% superiores en el ingreso familiar, 25% de las incapacidades laborales son por padecimientos relacionados con la obesidady tres de cada cuatro camas de hospital las ocupan pacientes con enfermedades relacionadas con la obesidad.

La obesidad es un detonante de las enfermedades no transmisibles que son crónico-degenerativas. Como se muestra en el Gráfico 5, mientras crece la prevalencia de obesidad y sobrepeso, también crece la prevalencia de estas enfermedades. En la Ciudad de México en los últimos años se triplicaron los casos de enfermedades crónico degenerativas que son atendidas en los servicios de salud pública. Durante el periodo de octubre de 2013 a septiembre de 2014, la Secretaría de Salud del DF detectó 1 millón 400 mil casos de estos padecimientos entre los que destacan la hipertensión y la diabetes.
La prevalencia de hipertensión arterial en el DF, en 2012 en personas de 20 años de edad o más fue del 22%, esta cifra aumentó en un 17.6% respecto a la prevalencia reportada en 2006 (18.7%) . La prevalencia de hipertensión arterial en mujeres fue de 25.9%, mientras que para los hombres fue de 17.5%. Tanto en hombres como en mujeres se observa una mayor prevalencia de hipertensión arterial a partir de los 40 años (26.4% en mujeres y 18.8% en hombres), que aumenta considerablemente en el grupo de 60 años o más (53.2% en mujeres y 43.4% en hombres).

En cuanto a la diabetes se refiere, la prevalencia en personas de 20 años o más en el Distrito Federal fue de 12.3%. Esta cifra considerablemente mayor a la reportada tan sólo seis años atrás (8.9%). La prevalencia de diabetes fue ligeramente menor en mujeres (11.9%) que en hombres (12.7%). En ambos casos, se observó una mayor prevalencia de diabetes a partir del grupo de 40 a 59 años de edad (19.4 y 13.6%, respectivamente), la cual aumentó ligeramente en hombres de 60 años o más (27.6%) y en mujeres de la misma edad (31.4%).
Otro problema serio y poco atendido en la Ciudad de México es la salud mental, entendida como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad . El grupo de edad más propenso a enfrentar problemas relacionados con la salud mental en el DF son los adolescentes. La prevalencia de intento de suicidio en adolescentes en 2012 fue del 3.5%, superior al reportado en el ámbito nacional (2.7%).La prevalencia de intento de suicidio aumentó en aquellos adolescentes que tenían secundaria (4.9%), y con respecto al estado civil, esta prevalencia fue más marcada en adolescentes sin pareja (36.8%), además en los que consumieron alcohol (4.5%) y en los que sufrieron algún tipo de violencia en los últimos 12 meses (10.3%) .

Política social y alimentaria para erradicar la pobreza
De acuerdo a la información oficial, gran parte de los capitalinos —prácticamente la mitad, 48.6%— reciben algún tipo de beneficio a través de los programas de política social: programas sociales o de salud que incluyeron componentes de alimentación o nutrición. De ellos, cerca del 30% fue beneficiario de un programa, el 14% de dos programas y el 5% de tres o más programas. Los programas sociales con mayor cobertura fueron el Programa de Desayunos Escolares (30%), el Programa de Abasto Social de Leche Liconsa (26%) y apoyos a adultos mayores (18%). El Programa de Desarrollo Humano Oportunidades beneficiaba en 2012 al 11.3% de los hogares. En contraste, los programas de alimentos y cocinas o desayunadores del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), de apoyo alimentario en albergues indígenas, Programa de Apoyo Alimentario y programas de organizaciones no gubernamentales beneficiaron a porcentajes muy pequeños (entre 0.7 y 5.0%) de los hogares del Distrito Federal.
Si se toma en cuenta el número de familias y personas que son receptoras de programas sociales, la situación de pobreza que persiste en la Ciudad de México es de no dar crédito. Como se muestra en el Gráfico 6, casi el 30% de los capitalinos vive con algún grado de pobreza . Además, el 2.5% vive en pobreza extrema . Ambas cifras crecieron de 2010 a 2012. Aunado a la pobreza, otro indicador preocupante es el de la desigualdad. El Distrito Federal todavía es un lugar sumamente desigual, pues en 2012 el coeficiente de Gini fue de 0.457 .

A dos años de que el gobierno federal puso en marcha la Cruzada Nacional contra el Hambre, la carencia alimentaria y la desnutrición aún son un problema en México. El análisis más reciente de CONEVAL advirtió que es necesario asegurar que los criterios de selección de los derechohabientes efectivamente prioricen la atención a la población en pobreza extrema alimentaria y que los programas identifiquen cuál de su población atendida es parte de la población objetivo de la cruzada .
El CONEVAL se aproxima al derecho a la alimentación mediante el indicador de acceso a la seguridad alimentaria . En caso del Distrito Federal, la carencia por acceso a la alimentación bajó del 15.5% en 2010 a un 13% en 2012. Sin embargo, este porcentaje todavía no es aceptable pues más de la mitad de las familias capitalinas ha enfrentado algún tipo de dificultad para alimentarse en el último año. La prevalencia de inseguridad alimentaria, en cualquiera de sus categorías, fue del 61.4% (40.2% en inseguridad leve, 13.2% en inseguridad moderada y 8.0% en inseguridad severa). En términos de gasto, los capitalinos gastaron menos en 2013 que en 2012 (546 mil 738 mdp y 499 mil 559 mdp respectivamente). Dentro de este gasto, destinaron el 19% para la compra de alimentos y bebidas no alcohólicas en 2013 y el 21% en 2012 , es decir, una reducción del 8% en el gasto alimentario lo cual resulta alarmante. Con todos los datos anteriores, se puede afirmar que la seguridad alimentaria es un gran reto en la Ciudad de México.

En términos de nutrición, a nivel internacional se ha establecido a la nutrición en la primera infancia (niños menores de 5 años) como una prioridad para el desarrollo de los países . En este marco, la situación que enfrentan los niños menores de 5 años en el Distrito Federal, aún es una asignatura pendiente. Del total de menores de cinco años evaluados en 2012 en el Distrito Federal, 10.2% presentó baja talla, 1.5% bajo peso y 0.4% emaciación. Además de estas mediciones antropométricas, una medida importante para detectar lo que los expertos conocen como desnutrición escondida (hidden hunger) es la detección de anemia. En este sentido, la prevalencia de anemia en niños de 1 a 4 años de edad en el Distrito Federal en 2012 fue del 23.1%. Estos resultados son elevados y requieren de una intervención urgente, específica, detallada y continua.

En términos de prácticas alimentarias, en el plano internacional la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses es una de las recomendaciones más importantes para asegurar la nutrición adecuada y la supervivencia en la primera infancia. Los resultados de las prácticas de alimentación infantil mostraron que en el Distrito Federal un 30.3% de los recién nacidos tuvieron un inicio temprano de la lactancia materna (durante la primera hora del nacimiento). Esto se encuentra por debajo de la medida nacional en zonas urbanas, que es de 36.7%.
En términos generales, si bien existen intervenciones adecuadas, es necesario mejorar sustantivamente la calidad de los servicios de salud y educación, que incluyan un monitoreo adecuado del embarazo para combatir la anemia y la desnutrición entre las madres, reforzar las acciones para promover la lactancia materna, hacer un mejor monitoreo de peso y talla de niñas y niños, reforzar el componente alimentario en las escuelas y focalizar de manera específica a la población más vulnerable.

Garantizar el respeto a los derechos humanos y a la equidad de género
El respeto a los derechos humanos es un tema pendiente en la Ciudad de México. El Distrito Federal es una de las 18 entidades del país que aún no armoniza su legislación con la Reforma Constitucional en materia de derechos humanos a cuatro años de su aprobación. Esto tiene implicaciones sociales importantes, pues no habrá seguridad para los capitalinos si no se garantiza el respeto a sus derechos humanos.
En cuanto a la equidad de género, el Índice de Desarrollo relativo al Género (IDG) en el Distrito Federal implica una merma en desarrollo humano que ha sido calculada en alrededor de 0.89% debida a la desigualdad entre hombres y mujeres. La brecha más importante en uno de los componentes del índice se aprecia en la brecha de ingresos provenientes del trabajo. Datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) indican que 80 de cada 100 mujeres ocupadas en el Distrito Federal se ubican en el sector terciario, el 35.7% se ubica en el sector informal, un 54.9% recibe de uno a 3 salarios mínimos y el 54% no tiene acceso a servicios de salud ni al cuidado de los hijos e hijas durante la jornada de trabajo . Esta misma encuesta señala que mientras el 5% de los hombres ocupados percibieron hasta un salario mínimo, en las mujeres la proporción llegó a 11.7%. Por el contrario, en tanto que 13.2% de los hombres ocupados percibían más de 5 salarios mínimos, la proporción de las mujeres fue de 9.9%. Es relevante mencionar también que en el Distrito Federal se registra la mayor proporción de mujeres jefas de familia con un 31.4%.

Otro reto en la Ciudad de México es el que tiene que ver con los refugiados y desplazados. Si bien desconocemos el número de éstos en la Ciudad de México, lo que sí sabemos es que la protección de sus derechos es tarea que nos ocupa como panistas, pues qué otra cosa es la mundialización sino la globalización de los valores fundamentales del hombre: los derechos humanos y la responsabilidad solidaria. Es ésta nuestra oportunidad de predicar con el ejemplo.
La situación en el país y en Centroamérica nos hace saber que hay miles de personas que cada año salen de sus ciudades y países de origen para llegar a residir en la Ciudad de México. Entre las casusas principales de esta movilización se encuentra la inseguridad y la violencia a causa de las pandillas y el crimen organizado . Miles de centroamericanos solicitan asilo o buscan refugio huyendo de sus países ante amenazas del crimen organizado. En este sentido, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) no cuenta con información que pueda ayudar a hacer un diagnóstico certero para el país y en este caso para la Ciudad de México. La COMAR ha manifestado que no cuenta con datos estadísticos y destacó que la única manera de obtenerlos era mediante la revisión de cada uno de los expedientes. El acceso a la información sobre este tema es relevante, ya que permitiría comprender las razones que motivan la salida de las personas de su país, identificando la potencial existencia de requisitos para su protección, tal como lo es el reconocimiento de la condición de refugiado en México.

Iniciativas para la acción comunitaria
La capital del país requiere la colaboración de la ciudadanía para contribuir con acciones a pequeña escala para el mejoramiento de la convivencia vecinal, la identidad comunitaria y la recuperación de valores como el respeto, la tolerancia y el civismo. En este sentido, uno de los programas que se han creado en la administración actual del GDF es “Tu Ciudad te Requiere”. Por medio de éste, se llevan a cabo labores de limpieza y embellecimiento urbano. Entre los objetivos está el fortalecer la colaboración entre la población y autoridades, con acciones de limpieza y recuperación de espacios públicos. Según la propuesta del GDF, las acciones en torno a este programa serán semanales en cada una de las regiones en que la Subsecretaría de Participación Ciudadana está dividida orgánicamente: norte, centro, sur, oriente y poniente. Aunque este programa existe en el papel y se han llevado a cabo un número limitado de jornadas dentro de este marco, todavía no existe una legislación específica en materia de servicio comunitario en el Distrito Federal. En este sentido, puede retomarse la experiencia de otros países que han sido exitosos en términos de cohesión social y desarrollo urbano al implementar legislación de este tipo.

Propuestas

Las propuestas que hacemos se dividen en:

1) educación accesible, inclusiva y de calidad;

2) construcción de un sistema de salud que fomenta la prevención y la equidad;

3) política social y alimentaria para erradicar la pobreza;

4) garantizar el respeto a los derechos humanos y a la equidad de género;

5) desarrollo equitativo y digno en la primera infancia; y

6) acción comunitaria.

Educación accesible, inclusiva y de calidad

Para Acción Nacional una de las bases más relevantes para el desarrollo es la educación. En este sentido, hemos detectado necesidades en todos los niveles académicos, desde la educación básica hasta la universitaria, así como un vacío en la oferta de formación continua para quienes en su momento no tuvieron la oportunidad de asistir a la escuela. Estudios recientes muestran que la educación es el factor que más incide sobre el estatus de los jóvenes en el mercado de trabajo , pero que los factores relacionados con su origen social tienen, en su conjunto, un efecto de magnitud semejante. Por esto, las inversiones que impulsaremos serán para responder a las necesidades de ambas áreas.

4.1.1 Inversión en infraestructura escolar 
En Acción Nacional creemos que las escuelas, como centros de formación, necesitan contar con los requisitos mínimos de operatividad para facilitar el aprendizaje de los alumnos. Por esto, las condiciones en la que se encuentran numerosas escuelas de educación básica en la Ciudad de México resultan inadecuadas para el aprendizaje. En consecuencia proponemos:

• • Impulsar inversiones en la mejora y adquisición de mobiliario
• • Impulsar inversiones en la instalación de bebederos de agua potable y de espacios deportivos
• • Impulsar inversiones en la mejora e instalación de sanitarios y drenaje

4.1.2 Transformación de la Universidad de la Ciudad de México en una institución de excelencia académica 
El estado actual de la UACM deja mucho que desear en cuanto a la tasa de titulación de sus egresados. Además, la institución se ha convertido en un nido político de grupos de poder que tienen capturado el espacio académico para convertirlo en un lugar con autoridades simuladas y de baja calidad académica. Acción Nacional insistirá en una transformación profunda de esta universidad para que ofreciendo educación de calidad esté a la altura de otros centros de estudio como la UNAM, la UAM y el IPN respondiendo a las necesidades de la ciudad en áreas prioritarias de desarrollo e innovación. En este sentido, se propone:

• • Abrogar la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y crear un nuevo marco jurídico de la universidad como organismo descentralizado con plena autonomía en su función académica
• • Establecer normas de funcionamiento interno, analizadas y aprobadas por la ALDF, pero con autonomía financiera para administrar sus recursos y en la elaboración de sus planes de estudio
• • Formar una plantilla docente seleccionada y promovida por los principios de mérito, publicidad y no discriminación, con mecanismo de ingreso por concurso de oposición
• • Establecer el plazo de seis años para la conclusión de los estudios

4.1.3 Más oportunidades y habilidades para jefes de familia 
En Acción Nacional sostenemos que la familia es el cauce principal de la solidaridad entre generaciones, el espacio primario de la responsabilidad social que debe ofrecer la más leal red de seguridad y de afecto ante contingencias y amenazas. En consecuencia, buscamos promover políticas que fortalezcan este núcleo primario de la sociedad. Reconocemos la dificultad que enfrentan las madres y padres para dar sustento a sus hijos y al mismo tiempo seguir adquiriendo herramientas que les permitan formarlos mejor; por ello proponemos:

• • Impulsar la oferta de opciones de educación continua en torno a herramientas de liderazgo educativo para padres de familia, especialmente padres y madres solteros
• • Becas preferenciales para las madres solas que son cabeza de familia para seguir formándose académicamente en el sistema educativo formal

Construcción de un sistema de salud que fomenta la prevención y la equidad

Invertir en la salud de los capitalinos es prioritario. Al igual que en otras ciudades de países en desarrollo, en el Distrito Federal enfrentamos una transición demográfica que implica costos, tanto económicos como sociales, millonarios y de largo plazo. Los dos problemas en salud más relevantes para la Ciudad de México, y en los que nos enfocaremos, son el porcentaje de personas que todavía no tienen protección social en salud y medidas efectivas de prevención de enfermedades (especialmente crónico-degenerativas).

4.2.1 Impulsar acciones que contribuyan a que la cobertura de los servicios de salud alcance a todos los capitalinos y a mejorar la calidad de los servicios
Aunque los servicios públicos de salud han incrementado su cobertura en los últimos años todavía no garantizan el acceso universal y de calidad; de tal suerte habremos de:

• • Impulsar acciones para llevar servicios de salud a lugares marginados.
• • Impulsar medidas para que la población más vulnerable del Distrito Federal tenga cobertura en un sistema de protección social en salud.
• • Impulsar la creación de una red de médicos generales que funjan como promotores comunitarios de la salud.
• • Impulsar acciones para la mejora de la calidad de los servicios (mediciones de calidad e impacto, evaluación y seguimiento).

4.2.2 Impulso a programas de educación física y deporte 
No existe en el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal una línea de acción específica en materia de promoción del deporte, se le considera en metas y objetivos complementarios de la política de salud y educación, pero no tiene un carácter propio. La política de integración social debe considerar al deporte —en todos sus ámbitos y expresiones— como uno de sus principales ejes rectores: La práctica del deporte competitivo y popular no debe significar un costo significativo que merme la situación económica de las familias. En este sentido, las propuestas son:

• • Impulsar medidas para incentivar la actividad física y el deporte competitivo.
• • Impulsar medidas para que las delegaciones tengan la responsabilidad, en conjunto con el GDF, de incentivar la práctica deportiva.

4.2.3 Fortalecimiento de iniciativas para prevenir y tratar el sobrepeso, obesidad y diabetes 
Actualmente en el Distrito Federal ya contamos con una Ley para la Prevención, Tratamiento y Control de la Diabetes y con una Ley para la Prevención y el Tratamiento de la Obesidad y los Trastornos Alimenticios. Sin embargo, ésta última dista mucho de ofrecer medidas reales y efectivas para combatir la epidemia de la obesidad. Además muestra ambigüedad en torno a favorecer los intereses de la industria alimentaria . Para prevenir el conflicto de interés, la industria de alimentos no debe estar en la misma mesa de toma de decisiones para ofrecer soluciones al padecimiento de la obesidad. En este sentido las propuestas de Acción Nacional son:

• • Impulsar acciones para fortalecer la prevención de la obesidad y el sobrepeso.
• • Estudiar la pertinencia de la modificación a la Ley para la Prevención y el Tratamiento de la Obesidad y los Trastornos Alimenticios a fin de que el Consejo para la Prevención y la Atención Integral de la Obesidad y los Trastornos Alimenticios del DF no esté integrado por miembros de la industria alimentaria para así prevenir el conflicto de interés

4.2.4 Fortalecimiento a iniciativas e inversión para la salud mental y prevención del suicidio en adolescentes 
Actualmente en el Distrito Federal contamos con una Ley de Salud Mental que tuvo reformas el año pasado con el objetivo de reconocer la relevancia de la salud emocional. Aunque legislativamente se ha dado el primer paso, todavía se necesita fortalecer esta ley para que su funcionamiento sea eficaz. Nuestras propuestas en esta área son:

• • Acciones para fortalecer el reconocimiento y la atención a la salud emocional.
• • Impulsar la inversión necesaria para asegurar que los capitalinos que lo requieren tengan acceso a terapias complementarias para la salud emocional.

Política social y alimentaria para erradicar la pobreza

El humanismo económico impulsa una economía eficiente y moderna, equitativa en la distribución de oportunidades, responsabilidades y beneficios; y dado que el mercado no es suficiente para garantizar el sentido humano de la economía se requiere la acción rectora y rectificadora del Estado para atenuar las profundas desigualdades sociales. En Acción Nacional creemos que el gobierno humanista garantiza el bien común tangible: acceso a bienes y servicios concretos, particularmente a quienes se encuentran en condiciones de emergencia, exclusión y extrema vulnerabilidad, pero al mismo tiempo, propicia las condiciones para que la persona que se encuentra en tal situación, eventualmente tome en sus manos su propio destino independientemente de la ayuda del gobierno.
Con este marco de referencia, buscamos pasar de una apolítica condicionante para generar clientelas a un enfoque de corresponsabilidad en programas sociales para integrar a los derechohabientes en programas que propicien la ampliación de capacidades de autoempleo, emprendimiento y formación de capital humano según la vocación económica de la ciudad. Además, buscamos brindar certeza tanto a las familias como a los tomadores de decisiones, en cuanto a la situación socioeconómica de los derechohabientes y al tiempo en el que serán sujetos de programas sociales.

4.3.1 Transformación del Evalúa DF (transparencia de programas sociales) 
La evaluación de la política social se enfoca en medir y calificar la cobertura en cuanto a derechohabientes de programas y beneficiarios de servicios, así como en el porcentaje y aumento de proporción del gasto en programas sociales. Sin embargo, no existe un sistema de medición del desempeño de la política social en términos de su impacto en la generación de capacidades humanas y en la ampliación del ejercicio de derechos ciudadanos y sociales. Eventualmente, una política social enfocada al desarrollo humano debe medir cuántas personas dejan de necesitar la asistencia gubernamental porque han logrado autonomía e independencia. El sistema de incentivos del clientelismo propicia que los clientes cautivos de programas sociales se mantengan en el sistema de protección social a cambio de lealtad partidista. Sólo es posible conocer el impacto de los programas sociales si la información completa con respecto a éstos está disponible. Es este sentido las propuestas de Acción Nacional son:

• • Modificar la Ley de Desarrollo Social del DF a fin de fortalecer las atribuciones del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social (Evalúa DF).
• • Transformar las atribuciones del Evalúa DF para crear una institución autónoma como lo es CONEVAL en el ámbito federal.
• • Reportes periódicos de evaluación de impacto de la política social.
• • Reportes periódicos sobre la transparencia de los programas sociales
• • Evalúa DF como entidad responsable de la administración y gestión de la Ficha Única de Protección Social

4.3.2 Padrón de derechohabientes por persona y hogar e impulso a la creación de una Ficha Única de Protección Social para los derechohabientes del DF (qué, quién y dónde) 
Actualmente en la Ciudad de México no contamos con un padrón único de derechohabientes de programas sociales, es decir un padrón que agrupe a todos los derechohabientes de todos los programas sociales de la capital. En este sentido, la Ficha de Protección Social (FPS) es un instrumento que permite identificar a personas y familias vulnerables o que viven en situación de pobreza, para que puedan acceder a los beneficios que el Estado tiene para ellas. Las propuestas de Acción Nacional son:

• • Generar un padrón de derechohabientes de consulta pública que permita conocer quién es derechohabiente, de qué programas y si el hogar al que pertenece recibe otras transferencias gubernamentales. De esta forma se podrá conocer con mayor precisión el alcance de la política social y los traslapes existentes.
• • Impulsar la creación de la Ficha única de Protección Social del Distrito federal para los capitalinos.
• • Impulsar medidas para el establecimiento de criterios de bienestar socioeconómico a incluirse en la Ficha de Protección Social.

4.3.3 Impulsar el desarrollo de una Política Social Integral que garantice la complementariedad de los programas sociales del GDF y las delegacionales (planeación y diseño de políticas) 
Las políticas públicas que operan en una ciudad deben tener criterios de complementariedad para asegurar que la visión de largo plazo de un territorio se está alcanzando por medio de acciones concretas dirigidas hacia un fin común. Actualmente en la Ciudad de México no contamos con políticas homologadas, integrales y de visión de largo plazo en torno al desarrollo social. La propuesta de Acción Nacional en este sentido es impulsar modificaciones a la Ley de Planeación del Distrito Federal y a la Ley de Desarrollo Social a fin de que las políticas de desarrollo social tengan que incluir criterios de diseño y visión de largo plazo, así como homologación y complementariedad entre las políticas del GDF y las delegacionales.

4.3.4 Impulsar legislación en torno a la focalización, corresponsabilidad y temporalidad definida de programas sociales
Para que los programas que conforman la política social de la Ciudad de México sean eficientes es necesario que éstos tengan criterios para identificar a las familias que realmente los necesitan, así como un tiempo máximo de apoyo para evitar los modelos que perpetúan la pobreza. El modelo clientelar que propicia dependencia y mantiene a los beneficiarios en los modelos de asistencia sin un término definido, es insostenible desde el punto de vista del gasto público, por lo que evaluar la forma en la que se diseñan y otorgan los programas de transferencia, subsidio y ayuda es una necesidad urgente. En este campo las propuestas de Acción Nacional son:

• • Impulsar la inclusión de criterios de corresponsabilidad de los derechohabientes de programas sociales.
• • Impulsar la inclusión de criterios de temporalidad en los programas sociales del Distrito Federal. Es decir, establecer criterios para que cada programa social tenga tiempos máximos de otorgamiento para cada derechohabiente. Esto con el fin de que los programas sociales no sean eternos en la vida de los derechohabientes, sino que éstos se “gradúen” y sean autosuficientes.
• • Impulsar la inclusión de criterios claros y específicos de incorporación a todos los programas sociales del Distrito Federal (fórmulas y criterios de incorporación como se hace a nivel federal para identificar derechohabientes).

4.3.5 Iniciativas para garantizar el derecho a la alimentación (seguridad alimentaria y nutrición)
La seguridad alimentaria es uno de los retos más relevantes para la Ciudad de México. Actualmente contamos con una Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional del Distrito Federal. Sin embargo, esta Ley carece de reglamento y está diseñada con problemas de fondo y forma que ponen en peligro el pleno acceso al derecho a la alimentación del que deberíamos de ser partícipes todos los capitalinos. Esta Ley debería buscar el aumento en la disponibilidad de alimentos saludables para familias vulnerables, mediante la educación y el autoconsumo, para así complementar sus necesidades alimentarias y mejorar sus condiciones de vida. En esta materia las propuestas de Acción Nacional son:

• • Modificar la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional del Distrito Federal a fin de fortalecerla.
• • Revisar las facultades que tienen la Secretaría de Desarrollo Social y la delegaciones en materia alimentaria.
• • Publicar el reglamento de la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional del Distrito Federal.
• • Modificar el acuerdo por el que se crea el Sistema para la Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Ciudad de México a fin de que el órgano encargado de la evaluación continua del programa Aliméntate sea Evalúa DF.
• • Emitir los lineamientos del Sistema para la Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Ciudad de México.
• • Modificar el programa Aliméntate para fortalecer sus Reglas de Operación.
• • Impulsar la creación de un componente de educación alimentario-nutricional en la política de seguridad alimentaria y nutricional a fin de entregar información, promover el aprendizaje y reforzar conocimientos asociados principalmente a hábitos de alimentación y complementariamente a estilos de vida saludable.
• • Impulsar la creación de un componente de incentivos y apoyos a la producción alimentaria de autoconsumo.

4.3.6 Desarrollo de acciones para el apoyo a hijos de personas privadas de la libertad
Actualmente las personas que están privadas de la libertad no cuentan con apoyos que ayuden a mitigar los efectos psicológicos, familiares y sociales que genera en sus hijos la separación forzosa prolongada de un adulto significativo. En la Ciudad de México no contamos con una oferta de programas sociales que incluyan o consideren a familias que tienen a un padre en conflicto con la ley. Por esto, las propuestas de Acción Nacional son:

• • Impulsar la inclusión de las familias que tienen a gente privada de la libertad en los programas de política sociales y servicios complementarios para apoyar su proceso de habilitación y desarrollo.
• • Impulsar medidas de acompañamiento socio-laboral para mejorar las condiciones de empleabilidad de los cuidadores de los niños que tienen a un padre privado de la libertad y así fortalecer su inserción laboral a modo de entregar herramientas para la superación de la condición de vulnerabilidad y la generación de ingresos autónomos de forma permanente.

Garantizar el respeto a los derechos humanos y a la equidad de género

El respeto a los derechos humanos es un pilar fundamental para la política social humanista que promueve Acción Nacional, pues son la expresión concreta de la dignidad humana y de su pleno reconocimiento y protección jurídica depende la existencia de un Estado democrático de derecho. Por ello, las políticas de derechos humanos deben estar vinculadas tanto al respeto de valores inherentes a la condición humana como al mejoramiento de la calidad institucional.

4.4.1 Impulsar legislación en torno a personas refugiadas y desplazadas en la Ciudad de México
Las personas desplazadas y refugiadas en la Ciudad de México representan un reto tanto para el gobierno local, como para el federal. Actualmente miles de centroamericanos están dejando sus ciudades y países de origen huyendo de la violencia. Uno de los países que está recibiendo más este tipo de migrantes es México. Investigaciones periodísticas han documentado las rutas de migración para confirmar que un número considerable de migrantes se asienta en la Ciudad de México. En este sentido, no contamos con información exacta sobre el número, procedencia y motivo de abandono del país de las familias o individuos migrantes. Sin esta información será difícil tener un diagnóstico certero que permita el diseño de políticas y programas que ayuden a garantizar el respeto a los derechos humanos y el bienestar de los migrantes. Las propuestas de Acción Nacional en este sentido son:

• • Impulsar medidas que permitan la recolección y publicación continua de información relevante en torno a la situación de los refugiados y desplazados (número de personas, lugares de asentamiento, motivos de su refugio, estado migratorio).

   

• • Incentivar la creación de medidas de política social que permitan el apoyo a individuos de otras nacionalidades que sean considerados migrantes forzados por violencia.

4.4.2 Iniciativas para garantizar la integración y el desarrollo económico de personas en situación de vulnerabilidad
Entendemos como personas en situación de vulnerabilidad tanto a aquéllas que padecen alguna discapacidad como quiénes por la naturaleza de su empleo no les es otorgado ningún tipo de protección social. Actualmente, la población vulnerable recibe apoyos esporádicos que de ninguna manera son suficientes en cantidad, pero tampoco en el reconocimiento de las capacidades y derechos de este sector de la población. Las propuestas son:

• • Impulsar medidas para que las personas que tienen como oficio el trabajo en el hogar tengan acceso a todas las medidas de protección social que se adquieren en un trabajo formal.

   

• • Impulsar medidas para la incorporación al mundo laboral y educativo de las personas que presentan alguna discapacidad.

4.4.3 Iniciativas para la protección a la maternidad 
El gobierno local tiene una deuda con las mujeres que son madres, pues no se han generado acciones efectivas para que tengan condiciones que permitan hacer compatible su vida familiar y laboral. Por eso, es necesario considerar a la mujer desde un punto de vista integral, proteger y promover una visión respetuosa de la sociedad hacia las mujeres, reconociendo su aportación a la economía y en la toma de decisiones en diversos ámbitos públicos y sociales. En este sentido las propuestas de Acción Nacional son:

• • Impulsar medidas para que las mujeres embarazadas gocen de una situación laboral digna y equitativa.
• • Impulsar medidas para que las mujeres embarazadas que no cuenten con empleo tengan acceso a lo mínimo necesario para llevar un embarazo saludable.
• • Impulsar medidas para que las madres trabajadoras, que son cabeza de familia, tengan incentivos económicos para facilitar su labor de madres.

Iniciativas para la acción comunitaria

La acción comunitaria organizada es un mecanismo para asegurar la participación ciudadana y la cohesión social. El servicio comunitario formal, organizado, y continuo ha probado ser una herramienta de reconstrucción y pacificación en países donde el tejido social está debilitado . En la Ciudad de México, más allá de hacer obligatorio el servicio social para jóvenes universitarios y tener el servicio militar al que todos los varones en México son sujetos , no contamos con iniciativas, políticas y programas que realmente pongan al servicio comunitario de ciudadanos de todas las edades al centro de sus estrategias de cohesión y construcción del tejido social.

4.6.1 Iniciativas en torno al servicio comunitario formal y organizado
El objetivo de estos programas, además de la mejora de los espacios públicos, debe ser que los ciudadanos puedan servir a su comunidad de la mano de funcionarios públicos o legisladores para que el ejercicio de servir juntos funcione como un mecanismo de rendición de cuentas, transparencia y generación de confianza. En este sentido, las propuestas de Acción Nacional son:

• • Impulsar la adopción de jornadas de servicio comunitario obligatorio para legisladores.
• • Impulsar la creación de un día del servicio comunitario general en el Distrito Federal.

4.6.2 Fomentar la subsidiariedad con las OSC para su participación continua en la política social del Distrito Federal
Aunque las OSC tienen participación en la política social del Distrito Federal, éstas no tienen el reconocimiento institucional del que ya gozan a nivel federal. En esta área la propuesta de Acción Nacional es crear un modelo de gestión similar al del INDESOL en el ámbito local para propiciar la subsidiariedad con fondos de apoyo y corresponsabilidad para asociaciones civiles.

Justificación

Uno de los retos más importantes para Acción Nacional es impulsar una agenda legislativa que convierta al Distrito Federal en una ciudad generosa, digna y solidaria. Las propuestas que presentamos en este apartado pueden ser, para muchos, arriesgadas o confrontadoras del sistema actual y justamente ese es nuestro objetivo: transformar las estructuras actuales que mantienen a las familias capitalinas viviendo con carencias sociales, para crear una ciudad que permita a sus habitantes vivir con dignidad, sabiendo que tienen las herramientas y oportunidades necesarias para salir adelante. El enfoque de política social que consideramos idóneo es el que busca construir condiciones efectivas para el ejercicio universal de los derechos ciudadanos y sociales, sin perder de vista que es necesario gestionar políticas públicas y programas que articulen incentivos para el desarrollo de las capacidades humanas.
Creemos que la política social necesita una transformación profunda, donde los rasgos paternalistas y dependientes del estado queden atrás para dar paso a una cultura emprendedora, donde cada familia esté capacitada para alcanzar la máxima expresión de su libertad y capacidad. Por esto, nuestros legisladores en la ALDF buscarán pasar de un sistema de protección social fallido, a una Política Social que considere incentivos para la ampliación de capacidades. Sabemos que estos planteamientos enfrentarán resistencias, sobre todo de las tribus que han capturado la ciudad y que se benefician de tener a grupos marginados de la población dependiendo de apoyos y ayudas esporádicas. Sin embargo, estamos convencidos de que sólo la transformación de sistemas que no funcionan y la inversión en el desarrollo de capacidades, ayudarán a las familias de la Ciudad de México a disfrutar del estándar de vida que merecen.

Diagnóstico

México ha dado pasos agigantados en torno a su posicionamiento internacional como un país atractivo a la inversión, pero esto no ha ido ligado a una visión de crecimiento incluyente y solidario. Según el reporte Doing Business en México del Banco Mundial, nuestro país tiene uno de los ingresos per capita más altos en Latinoamérica, es miembro de la OCDE y del G20. Sin embargo, a pesar de las mejoras importantes en política económica y social sigue habiendo pobreza, desigualdad y disparidad regional. Una causa importante de estos problemas es la productividad, que ha caído de manera constante en los últimos años (0.7% al año en las últimas tres décadas ). La literatura provee varias explicaciones relevantes para la baja productividad en el contexto mexicano: la desigualdad, un sistema financiero poco desarrollado, mercados poco competitivos, la falta de innovación y un clima de negocios poco favorable.
Esta tendencia nacional se refleja también en la situación actual de la Ciudad de México. De acuerdo con el Índice de Competitividad Urbana (ICU) 2014, en el último año para el cual se tienen datos oficiales (2012) la Ciudad de México fue la más competitiva del país. Ésta concentra la mayor proporción del talento, inversión y riqueza de México . Tiene más universidades reconocidas globalmente que cualquier otra ciudad, la economía más diversificada e importantes vínculos comerciales con Norteamérica, Latinoamérica y el resto del mundo. Desde el punto de vista de la atracción del talento, la ciudad cuenta con una enorme oferta laboral, educativa, cultural y recreativa que podría recompensar sus puntos débiles como la mala movilidad urbana, la inseguridad (particularmente en el oriente y norte del valle), la contaminación y los salarios reales bajos. En los apartados siguientes se desglosará el análisis en rubros específicos que tienen que ver con la competitividad.

Iniciativas que fomentan la inversión sostenible
El cuidado del ambiente es un tema que preocupa y ocupa a todos los países. Las consecuencias de modelos de desarrollo, pasados y actuales, que no han tomado en cuenta al medio ambiente, manifiestan problemas graves de orden mundial como el cambio climático. El reto del desarrollo sostenible es acelerar la generación de energía renovable para bien de las futuras generaciones y en favor de la economía del futuro: una economía cada vez menos dependiente de los combustibles fósiles. México tiene un gran potencial, no sólo para la generación de electricidad a partir de energías renovables, también para apuntalar el desarrollo de negocios verdes, de proyectos sostenibles que promueven la transferencia de la tecnología, el cuidado al ambiente e incluso la mitigación de gases de efecto invernadero. La meta del gobierno nacional es que para 2026 el 35% de la capacidad instalada en México provenga de fuentes renovables.


Como parte de las políticas para incentivar el uso de energías renovables, el gobierno federal y el del Distrito Federal mantienen una serie de beneficios fiscales para las personas físicas y morales que instalen paneles fotovoltaicos o calentadores solares de agua. El artículo 276 del Código Fiscal del Distrito Federal señala que los propietarios de viviendas que instalen y utilicen dispositivos como paneles solares y sistemas de captación de agua pluvial u otras tecnologías con lo que acrediten la disminución de por lo menos 20 por ciento en el consumo de energía o agua,podrán alcanzar un descuento de 20 por ciento en derechos por el suministro de agua. Adicionalmente, el artículo 277 hace referencia a las empresas o instituciones que cuenten con programas que busquen mejorar las condiciones ambientales mediante equipos anticontaminantes. Éstas podrán gozar de un descuento de hasta el 50% en el impuesto sobre nómina y 25% en el impuesto predial. Sin embargo, las deducciones en el pago del predial dependerán de la reducción en la emisión de contaminantes. Cabe mencionar también que estos beneficios van ligados a la norma ambiental del Distrito Federal, NADF-008-AMBT-2005, que hace obligatorio el uso de calentadores solares en todas las albercas nuevas y en establecimientos con más de 51 empleados que utilicen agua caliente.
A pesar de que tanto en el ámbito nacional como local contamos con legislación que incentiva el uso de energías renovables, no contamos todavía con instrumentos de política pública que permitan conocer su impacto. Actualmente, es imposible saber con exactitud la cantidad de hogares e industrias que están operando con este tipo de energía. A principios de 2014, la Asociación Nacional de Energía Solar (ANES) anunció, junto con el gobierno nacional, el arranque del “Inventario de colectores solares térmicos y sistemas fotovoltaicos instalados en México de 2011-2013” . Sin embargo, hasta el momento no se han presentado avances ni resultados en torno a este inventario. Como bien estipula el CONEVAL, lo que no se mide no se puede mejorar y por esto es sumamente relevante que tanto a escala nacional como local se tome de manera seria la implementación de las leyes y políticas que incentivan el uso de energías renovables y se estipulen monitoreos y evaluaciones continuas al respecto.

Entorno amigable para los emprendedores locales
El papel que desempeñan las pequeñas y medianas empresas en la economía es muy importante y, por tanto, es fundamental crear un entorno regulatorio eficiente para ellas. Diferentes estudios internacionales señalan el impacto negativo que tienen las regulaciones empresariales excesivamente complicadas sobre la informalidad.
México cuenta con un buen nivel de emprendimiento evidenciado en pequeños y medianos negocios que han tenido que desarrollarse por necesidad. Según el reporte más reciente del Global Entrepreneurship Monitor (GEM), la tasa de emprendimiento en México pasó del 12.6 al 14.8% durante 2013. Ésta es una muy buena noticia, pues significa que cada vez hay más emprendedores desarrollando negocios. Sin embargo, todavía hay mucho que hacer pues países como Chile y Colombia tienen tasas del 24.3% y 23.7%, respectivamente.

El emprendimiento positivo es aquel que se genera gracias a una auténtica igualdad de oportunidades , y en México falta mucho por hacer en la materia. Para elevar la cultura emprendedora se debe facilitar el acceso al financiamiento y una educación primaria y secundaria que impulse la creatividad y el espíritu emprendedor. Según el Banco Mundial, el Distrito Federal es la entidad donde más se dificulta hacer negocios en México, pues está posicionada en el número 32/32. Por segunda vez consecutiva, en el 2014, es más fácil hacer negocios en Colima, seguido por Aguascalientes y Guanajuato. Este posicionamiento del Banco Mundial está basado en la medición de los cuatro pilares para la competitividad: 1) la apertura de negocios, 2) el manejo de permisos de construcción, 3) el registro de propiedades y 4) el cumplimiento de contratos.

En términos de la apertura de negocios, como se muestra en el Gráfico 1, el número de trámites para abrir un negocio en el Distrito Federal son seis en promedio, mientras que el número de díasque conlleva son seis y el costo del ingreso per capita asociado a la apertura del negocio es del 19.7%. Estas cifras están por encima de la entidad donde es más fácil abrir un negocio: Guanajuato. En la Ciudad de México la mayor porción de los costos está asociada a la obtención de la licencia de construcción y a los servicios de agua potable y drenaje. Cabe señalar también que actualmente en el Distrito Federal los criterios y requisitos para establecer negocios no están homologados. Es decir, que por ejemplo, los criterios para operar un bar cambian de una delegación a otra. Esto impone dificultades tanto a emprendedores, como a autoridades públicas para incentivar la economía local.
Una de las tareas pendientes en la Ciudad de México, es llevar a cabo acciones tanto legislativas como de gobierno para generar un entorno amigable para los emprendedores locales. En este sentido, el objetivo es llegar a una agenda común de mejoras basada en la revisión normativa, la simplificación y estandarización de trámites junto con el mayor uso de plataformas tecnológicasdocumentando los esfuerzos para hacer más fácil que el pequeño y mediano empresario abra y opere una empresa.

Empleos dignos
Para dar un panorama general del empleo, como puede verse en el Gráfico 2, la Ciudad de México cuenta con una población económicamente activa de 4 millones 375 mil 026 personas, de las cuales el 93% están ocupadas. De ellas, casi el 74% son asalariados, el 19% son trabajadores por cuenta propia y sólo el 4.33% son empleadores.

Algunos de los indicadores más preocupantes en torno al empleo en la Ciudad de México son:

• o La tasa de desocupación en la Ciudad de México es preocupante pues creció en el último año. Pasó de 5.40 en 2013 a 7.32 para el tercer trimestre del 2014.
• o El incremento salarial contractual real promedio también se encuentra muy por debajo del promedio nacional. En el Distrito Federal el salario ha incrementado en 0.04%, mientras que a nivel nacional éste ha incrementado en 0.12%.
• o El porcentaje de trabajadores remunerados sin acceso a prestaciones del ley en el tercer trimestre del 2014 fue de 32.61%. Para el mismo periodo, durante el año anterior, el porcentaje fue de 34.04%.
• o La tasa de ocupación en el sector informal creció en la Ciudad de México. Pasó de 28.99 en el último trimestre de 2013 a 29.08 en el último trimestre de 2014.
• o El porcentaje de trabajadores formales que percibe un salario mínimo en el DF es ligeramente superior al promedio nacional, situación anómala tomando en consideración que en la capital se concentran los recursos educativos del país.

En la Ciudad de México es sumamente relevante ampliar el panorama de empleo digno para la población en general, y en especial para jóvenes. En esta materia, en 2014 se llevó a cabo la Primera Feria del Trabajo Digno y la Empresa responsable. Estos esfuerzos son importantes pero necesitan transformarse en acciones continuas y legislación que verdaderamente ayude a incentivar a los empleadores a ofrecer mejores condiciones al contratar de manera formal. En este sentido, el impuesto a la nómina constituye una gran herramienta, que de ajustarse, contribuiría a la generación de empleos formales.

Impulso a la ciencia, tecnología e innovación (CTI)
La Ciudad de México concentra a las instituciones de educación e investigación públicas y privadas más importantes del país. Así, el Distrito Federal cuenta con una infraestructura y recursos humanos sin comparación en el resto del país. De acuerdo al Ranking Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2013 —que mide 10 dimensiones con 58 indicadores y permite comparar las capacidades en CTI (fortalezas y oportunidades) y las vocaciones de cada entidad— el Distrito Federal ocupa, sin sorpresas, el primer sitio: cuenta con 9 centros de investigación por cada 100 mil habitantes y 53 investigadores en el sector privado por cada 100 mil habitantes. Sin embargo, cabe subrayar que en tres dimensiones el DF no encabeza la lista:

• o Género: La tasa de matrícula de licenciatura universitaria y tecnológica y posgrado por género en áreas afines a ciencias sociales y humanidades es de 127 y ocupa el penúltimo lugar.
• o Infraestructura empresarial: Mientras el DF tiene 18 empresas innovadoras por cada 10 mil unidades económicas, Nuevo León tiene 20, es decir, el 10% más.
• o Componente institucional: El presupuesto otorgado por el GDF a ciencia, tecnología e innovación representa el 8.5% de los fondos Conacyt 2010-2012. En el Edomex, primer lugar, representa el 63%.

Como podemos apreciar, la capital desaprovechó su situación de privilegio y aunque sigue despuntando en lo relativo a formación e investigación, en la arista empresarial va a la zaga. Parte de esta situación se explica por el modesto presupuesto que el gobierno local destina a la ciencia, tecnología e innovación en la gran Ciudad de México. En 2012, el presupuesto para CIT en el Distrito Federal representó el 0.02% del PIB de la ciudad. Peor aún, mientras a iniciativa de Acción Nacional se creó la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación del Distrito Federal en enero de 2013 —que además elevó al Instituto de Ciencia y Tecnología del DF a rango de Secretaría—, el Gobierno del Distrito Federal hizo patente su compromiso al reducir el presupuesto de la nueva dependencia.

Propuestas

La capacidad de las entidades federativas para atraer y retener talento e inversiones es sumamente relevante para el desarrollo económico sostenido y sostenible. Un estado competitivo es aquél que consistentemente resulta atractivo para el talento y la inversión, lo que se traduce en mayor productividad y bienestar para sus habitantes. Además de atraer inversión, una ciudad competitiva necesita crear un ambiente favorable para la apertura de negocios locales y un sistema que apoye a los emprendedores de micro, pequeñas y medianas empresas antes y durante el proceso de la apertura de negocio.
En Acción Nacional buscamos construir una ciudad que posea una industria competitiva y al mismo tiempo sostenible. Además, deseamos promover un marco regulatorio para la consolidación de un entorno que incentive y apoye a todos los emprendedores que tienen la disposición y empuje para desarrollarse económicamente en beneficio de la comunidad. Cabe resaltar que varias de las propuestas que se presentan aquí están ligadas a exenciones o disminuciones fiscales. Éstas están consideradas para la reducción o eliminación de una de las cargas fiscales más importantes, y hasta cierto punto más obstaculizadoras de la apertura de pequeñas empresas: el impuesto sobre la nómina.

Iniciativas que fomentan la inversión sostenible

La Ciudad de México tiene un camino largo que recorrer en torno a el fomento a la inversión de industrias y negocios que operan por medio de tecnología verde, específicamente para hacer sostenible el uso de la energía y el agua. Aunque se reconocen los esfuerzos que gobiernos anteriores han realizado hasta ahora, en Acción Nacional buscamos fortalecer y hacer tangibles los incentivos que ayuden a las empresas decididas a operar con tecnología que toma en cuenta la sostenibilidad.

5.1.1 Incentivos fiscales para las empresas que utilicen tecnología verde (agua y energía)
El artículo 277 del Código Fiscal del Distrito Federal hace referencia a las empresas o instituciones que cuenten con programas que busquen mejorar las condiciones ambientales mediante equipos anticontaminantes. Éstas pueden gozar de un descuento de hasta el 50% en el impuesto sobre nómina y el 25 % en el impuesto predial. Sin embargo, las deducciones en el pago del predial dependen de la reducción en la emisión de contaminantes. Aunque tener incentivos fiscales locales en torno a la sostenibilidad es un paso importante, todavía hay un margen de acción que puede hacer sumamente atractivo para que las empresas opten por el uso de tecnología, que no sólo ayuda a sus finanzas, sino al medio ambiente.

• • Incluir en el artículo 277 del Código Fiscal del Distrito Federal las deducciones correspondientes a empresas que operen con tecnología que mejore el uso del agua o que use energía renovable en alguno de sus procesos.

5.1.2 Bonos de carbono para industrias en el DF
Los bonos de carbono son un instrumento económico contemplado en el Protocolo de Kioto al que México está suscrito. Cada bono de carbono equivale a una tonelada de bióxido de carbono equivalente que ha dejado de emitirse a la atmósfera . El objetivo de la existencia y uso de los bonos de carbono es disminuir los cotos de las actividades de reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI). El comercio de bonos de carbono consiste en la compra y venta de certificados de emisiones (CERs), permisos de emisión, montos asignados anualmente (AAUs), o unidades de reducción de emisiones (ERUs).
Un aspecto atractivo del funcionamiento de estos bonos es que no importa en qué parte del planeta se eviten las emisiones de GEI, el efecto es el mismo. Evitar que una tonelada de carbono sea liberada a la atmósfera tiene el mismo efecto en la mitigación del cambio climático sin importar si la reducción de emisiones se hizo en México, India, China o Europa. Por esto, la compra-venta de bonos de carbono puede llevarse a cabo en cualquier parte del mundo y no existen restricciones geográficas para este comercio.

En torno a este tema, en octubre de 2005 el GDF suscribió un convenio con el Banco Mundial para la emisión de Bonos de Carbono estimados en 2.5 millones de dólares, considerando reducciones de CO2 del Metrobús por 34.5 mil toneladas verificadas anualmente. Aunque este esfuerzo del GDF es valioso, necesita expandirse a la industria y la iniciativa privada también. En esta forma nueva de comercio, la propuesta de Acción Nacional es:

• • Promover incentivos para que empresas nacionales e internacionales generen transacciones de carbono en la Ciudad de México.
• • Impulsar iniciativas para que el GDF pueda ofrecer bonos de carbono debido a la reducción de sus emisiones.
• • Estudiar la factibilidad y, en dado caso, los incentivos necesarios para la incorporación de industrias o iniciativas que operan en la Ciudad de México en la Plataforma Mexicana de Carbono (México2).

Entorno amigable para los emprendedores locales

Los capitalinos son personas creativas e ingeniosas y muchos son grandes empresarios en potencia. Por esto, merecen vivir en una ciudad que promueva el emprendimiento y que otorgue certeza jurídica a las personas que quieren abrir un negocio y que ponen todo su esfuerzo y capital para hacerlo.

5.2.1 Simplificación de trámites para apertura de negocios
Según el Banco Mundial, el Distrito Federal es la ciudad de México donde más se dificulta hacer negocios. Esto necesita cambiar, para hacer a la Ciudad de México no sólo competitiva, sino con un desarrollo económico sostenido. A este respecto la propuesta de Acción Nacional es impulsar medidas para que los procesos regulatorios permitan la simplificación de trámites y de inversión de tiempo y capital en la apertura de negocios.

5.2.2 Estandarización de los requisitos para el funcionamiento de negocios en todo el Distrito Federal
Actualmente en la Ciudad de México no contamos con requisitos de funcionamiento de negocios que estén completamente homologados en las 16 delegaciones. Esto hace que la certeza y facilidad de la apertura de negocios, así como la operación continua se vea obstaculizada. Por ello impulsaremos acciones y medidas para que los requisitos de operación de los negocios, en todos sus giros, estén homologados y estandarizados para todas las delegaciones

5.2.3 Seguimiento abierto y digital a visitas de verificación de negocios
Uno de las fuentes de incertidumbre latentes para los empresarios, sobre todo de negocios pequeños, es la falta de transparencia y la ventana de oportunidad para la corrupción que representan las visitas de verificación a negocios. En este tenor, la propuesta de Acción Nacional es:

• • Impulsar la creación de un sistema de seguimiento público y abierto para la verificación de requisitos de operación de los negocios en donde se incluya en nombre del inspector que llevó a cabo la visita, las observaciones generadas en esta visita, el lapso de tiempo en el que se volverá a visitar para supervisar cambios y en dado caso, la multa asignada por incumplimiento de requisitos de operación.

5.2.4 Créditos a emprendedores 
Uno de los objetivos más importantes para incrementar la competitividad de la Ciudad de México es fomentar el crecimiento local mediante el fortalecimiento ordenado, planificado y sistemático del emprendimiento y del desarrollo empresarial, así como impulsar la consolidación de una economía innovadora, dinámica y competitiva que se sustente crecientemente en micro, pequeñas y medianas empresas más productivas ubicadas en sectores estratégicos. En este sentido, una de las áreas de oportunidad más importantes para el Distrito Federal es garantizar el acceso a créditos con tasas y requisitos de otorgamiento accesibles para emprendedores. En este tema la propuesta de Acción Nacional es:

• • Impulsar el otorgamiento de créditos con tasas preferenciales y accesibles para emprendedores a través de instituciones financieras de participación estatal.

5.2.5 Fomento a los emprendedores agropecuarios 
Aunque la Ciudad de México es la capital del país, no podemos olvidar que cuenta con áreas rurales de producción agropecuaria. Los productores de este sector cada vez se quedan más rezagados y tienen menos incentivos para producir. Esto es una paradoja si se considera que diario todos los capitalinos necesitamos de productos agropecuarios para subsistir. Por ello, vamos a impulsar la inclusión de incentivos fiscales para empresarios agropecuarios del Distrito Federal con el propósito de fortalecer el mercado interno.

5.2.6 Incentivos fiscales para productores locales 
La carga fiscal, específicamente el impuesto sobre la nómina, puede representar un obstáculo importante para los pequeños empresarios locales que desean abrir su negocio o expandirlo. En este sentido, la propuesta de Acción Nacional es proponer medidas fiscales para que los empresarios que produzcan el 100% de su producción en la Ciudad de México tengan reducciones en su contribución asignada en el impuesto a la nómina.

Empleos dignos

El trabajo es medio fundamental para la realización del ser humano y la satisfacción de sus necesidades. En Acción Nacional sostenemos que todo trabajo debe tener una retribución que permita al trabajador vivir y mantener decorosamente a una familia con posibilidades reales de mejoramiento . No se trata sólo de generar empleos de subsistencia, sino de crear empleos que permitan el pleno desarrollo de la persona con salarios dignos garantizados.
Uno de los retos más importantes para la Ciudad de México es recuperarse del alza en la tasa de desocupación. En Acción Nacional creemos que los esfuerzos en torno al desarrollo económico necesitan estar ligados no sólo a la creación de empleos, sino a la calidad de los empleos que se ofrecen. Por esto, una de los aspectos más relevantes para incrementar la competitividad del Distrito Federal es impulsar la creación de empleos dignos.

5.3.1 Incentivos fiscales a empresas que contraten jóvenes en modalidad “primer empleo” y mayores de 45 con todas las prestaciones que se requieren por ley 
Dos de los momentos de la vida donde es más difícil conseguir un empleo digno en la juventud (el primer empleo) y durante la edad productiva adulta (mayores de 45 años). En este sentido, es importante elevar la tasa de ocupación de la población económicamente activa por lo que deben buscarse incentivos fiscales como la reducción del impuesto sobre nómina a las empresas que contraten personas en estos grupos de edad como una medida solidaria.

5.3.2 Marco normativo laboral que permita el pleno desarrollo de la familia con énfasis en la primera infancia
En Acción Nacional creemos que la familia es la unidad social natural básica de nuestra sociedad. Por esto consideramos sumamente necesario que los entornos laborales faciliten y garanticen medidas para que padres y madres puedan criar a sus hijos sin afectar su desarrollo laboral. Uno de los derechos relevantes para garantizar y proteger la convivencia armónica y equilibrada de las familias capitalinas es el derecho a los permisos de maternidad y paternidad. Aunque en el DF ya contamos con ellos, pues recientemente se aprobó el permiso de paternidad, lo estipulado en éstos no está al nivel de las legislaciones de otros países, sobre todo las europeas. Para contribuir a este propósito proponemos:

• • Impulsar medidas que fortalezcan y complementen los permisos de paternidad para proveer los días que se estipulan a nivel internacional (un mínimo de 30 días).
• • Impulsar medidas para que las madres que acaban de dar a luz, una vez que termine su licencia de maternidad, puedan tener acceso a un entorno laboral que favorezca la crianza de sus hijos. Algunas de las acciones que favorecen la crianza son: la creación de espacios para la lactancia en los centros laborales, la flexibilidad de horarios para madres trabajadoras, esquemas de trabajo a distancia (en casa), etcétera.

5.3.3 Igualdad salarial entre mujeres y hombres
El trabajo humano está fundado en la interacción de las personas que se vinculan para cooperar y realizar una acción creadora y transformadora. Toda persona apta para el trabajo debe tener oportunidad constante de realizarlo sin discriminación alguna. El acceso a las oportunidades laborales y al disfrute de su compensación debe ser igual para la mujer y para el hombre. Esta afirmación que parece una obviedad está lejos de serlo. La igualdad salarial por el mismo trabajo desempeñado no es una realidad ni en países como los Estados Unidos. Según el Global Gender Gap Report 2014 , México se ubica en la posición 116 de 142 países evaluados en el rubro de “igual salario para trabajo similar”. En esta misma medición, Costa Rica se ubica en el lugar 88, Colombia en el 106, China en el 77, India en el 109, Estados Unidos en el 65 y Uganda en el 26.
En el Distrito Federal, dentro de la población económicamente activa, 12.78% de las mujeres recibe hasta 1 salario mínimo, mientras que para los hombres este porcentaje es de solo 6.7% . Aún más preocupante es que dentro de la población económicamente activa que no recibe ingresos por su trabajo, el 5.22% son mujeres y sólo el 1.93% son hombres . Por ello, proponer medidas que reduzcan esta brecha y que vigilen los espacios de vulnerabilidad debe ser una tarea constante.

• • Impulsar medidas para reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres, y garantizar salarios dignos para ambos géneros.

Impulsos a la ciencia, tecnología e innovación

5.4.1 Inversión del 1% del presupuesto de la ciudad para Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI)
En el PEDF-2015, el presupuesto de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación ascendió al 0.2% del total, apenas 322 millones de pesos. La meta del 1% representaría alrededor de 1690 mdp al año. Proponemos que además de cumplir con este objetivo, la mitad de este recurso se destine específicamente a financiar proyectos vinculados con la industria que desarrollen tecnología propia comercializable y patentable. Sirva de comparación el caso de Yucatán que asigna en su Ley de Fomento al Desarrollo Científico, Tecnológico y a la Innovación del Estado de Yucatán un 1% de su presupuesto para CTI.

Justificación

Uno de los retos más importantes para Acción Nacional es impulsar una agenda legislativa que convierta al Distrito Federal en una ciudad verdaderamente competitiva bajo estándares internacionales. Las propuestas que presentamos para muchos pueden no ser prioritarias, incluso resultar demasiado ambiciosas y poco rentables. Sin embargo, estamos convencidos que sólo invirtiendo en innovación sostenible podremos construir una capital atractiva a la inversión local e internacional y que opera bajo los mismos estándares de calidad de vida y certidumbre jurídica de países desarrollados.


El enfoque de medidas legislativas en pro de la competitividad que consideramos idóneo tiene que ver con la generación de confianza e integridad dentro de la economía local y mundial, así como con un impulso decidido a la inversión en ciencia, tecnología e innovación para tener una ciudad cuya economía se base en el conocimiento como generador de riqueza. Por esto, nuestros legisladores en la ALDF buscarán pasar de un sistema de poca certidumbre que merma la competitividad y que resulta un obstáculo, a uno en el que el marco institucional y jurídico impulse a los capitalinos y atraiga a inversionistas extranjeros que están buscando una ciudad amable y redituable para generar negocios.